Imagine usted acudir como comensal a un restaurante cuya inauguración fue muy anunciada y además de haber pagado un auténtico “cuentón”, termina mínimo seis meses hospitalizado como consecuencia de una intoxicación producto de haber ingerido los alimentos de ese establecimiento, mal cocinados y descompuestos.
Pero no sólo eso, más allá del sufrimiento, del deterioro de su salud y de la angustia personal y familiar, resulta que tras acudir a las autoridades, supongamos a la Profeco y a la Canirac a presentar las quejas, después de un proceso largo de investigación la sanción determinada por el gobierno y la Cámara Restaurantera es inhabilitar y multar con 500 pesos al mesero. En el colmo del absurdo dejando en total y absoluta impunidad al dueño del establecimiento, al cocinero, y a quien compró los alimentos en la Ceda y hasta la licencia de funcionamiento del mismo.
Inmersos en ese coraje y frustración es que nos encontramos todos en el Distrito Federal con el fallo de la Contraloría General luego de un anuncio que insultó a la inteligencia de la ciudadanía que esperaba sanciones ejemplares contra la corrupción.
En junio pasado los diputados del grupo parlamentario del PAN en la ALDF advertimos que la investigación respecto a los responsables de la operación que puso en riesgo la vida de miles de usuarios y que derivó en la suspensión de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Metro y el pésimo manejo de alrededor de 24 mil millones de pesos que costó la obra de la llamada Línea Dorada, debería arrojar resultados contundentes y sancionar a dos personajes principalmente, Enrique Horcasitas, el infiltrado del consorcio constructor ICA-Alstrom-Carso en el gobierno, y Francisco Bojórquez extitular del Sistema de Transporte Colectivo.
Pero el contralor Hiram Almeida perdiendo toda credibilidad optó por dar un fallo partidista, cuidó a los perredistas e inhabilitó a una treintena de chivos expiatorios funcionarios de bajo nivel y a Horcasitas exdirector del Proyecto Metro, pero no tocó ni con media sílaba al perredista Bojórquez, quien decidió la renta de 20 mil millones de pesos de unos trenes que son incompatibles con las vías.
El engaño de la sanción queda al descubierto porque las fallas de la obra civil y la incompatibilidad de los trenes están señaladas en el dictamen de la empresa Systra en el que la propia Contraloría del DF basó parte de sus investigaciones.
Ésta es la justicia perredista y la manera en la que combaten la corrupción. Se puede afirmar que la Contraloría construyó una lista de chivos expiatorios, y que todo aquel cubierto con el manto amarillo goza de absoluta impunidad en la Ciudad de México.
Ahora se ha informado que del cuentón del muy mal banquete perredista de la Línea 12 además de la terrible indigestión causada a miles de usuarios, faltan de pagar 500 millones de pesos que costarán las reparaciones para que supuestamente reabra hasta febrero.
No es suficiente, basados en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal estamos buscando que sea indemnizado quien haya sido afectado directo por la suspensión del servicio y vulnerado en su patrimonio. La denuncia que ya hemos presentado es contra Enrique Horcasitas y Francisco Bojórquez, deben pagar de su bolsillo el daño patrimonial causado a los usuarios afectados de la Línea 12 principalmente de las delegaciones Tláhuac, Milpa Alta e Iztapalapa.
Se ha entregado a la Contraloría del DF un paquete de 600 firmas que respaldan la denuncia y en los días por venir se entregarán al menos 500 firmas de ciudadanos afectados.
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