Por: Marcos Pérez Esquer
La gestión de María Elena Álvarez-Buylla al frente del Conacyt ya ha hecho demasiada bulla. Como ocurrió con Jiménez Pons que fue depuesto de Fonatur por su pésima gestión del proyecto del Tren Maya (aunque al mismo tiempo premiado con otro cargo público), parece que a Álvarez-Buylla ya le toca boleto, y que también se la lleve el tren. Urge su destitución.
Álvarez-Buylla ha sido motivo de múltiples cuestionamientos; todos ello ganados a pulso, por cierto. De hecho, desde antes de su nombramiento, ya era fuertemente cuestionada por la comunidad científica por su labor como investigadora.
Obra el antecedente de que, ante sus alertas en el sentido de que los alimentos transgénicos son malos para la salud, en un libro publicado por el Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias, los autores (entre los cuales está Francisco Bolívar Zapata, bioquímico miembro de esa Academia y del El Colegio Nacional) indicaron que “Álvarez-Buylla […] presenta una visión limitada, parcial y obsoleta respecto a los efectos adversos de los cultivos transgénicos, ya que sus argumentos -basados en especulaciones y bibliografía de finales del siglo pasado y principios de este- contrastan con numerosas evidencias recientes que documentan los amplios beneficios de los cultivos transgénicos”.
También se le ha cuestionado su seriedad científica tildándola de tendenciosa y alarmista, y de mentir frente a públicos no especializados; de fraude científico pues.
Sin importarle esos cuestionamientos, el entonces presidente electo López Obrador, anunció que sería la titular del Conacyt. Antes de la toma de protesta del nuevo presidente vino el primer escándalo de Álvarez-Buylla en su gestión frente al Consejo: envió una carta al titular saliente, ordenándole no otorgar más becas en el resto de su gestión. Una ciudadana sin nombramiento formal alguno, le giraba instrucciones a un funcionario todavía en funciones, ¡inédito!
Luego vinieron escándalos relacionados con algunos de sus nombramientos, entre ellos el de una diseñadora gráfica al frente de un organismo de bioseguridad, o el de su ex esposo, o el de su ex cuñado. También surgieron reclamos de estudiantes de doctorado a quienes arbitrariamente habían suspendido sus becas.
Más tarde vino la cancelación de fideicomisos en materia científica y tecnológica. Ella acusaba corrupción, pero la ASF no encontró prueba de ello; de hecho, las cuestionables investigaciones de la propia Álvarez-Buylla habían recibido 14 millones de pesos de apoyo vía fideicomisos entre 2003 y 2015.
El año pasado nombró al Fiscal General de la República miembro del Sistema Nacional de Investigadores, lo que provocó el repudio de la comunidad de investigadores que acusó falta de méritos. En revancha, el Conacyt presentó una denuncia penal contra 31 científicos por sus supuestos malos manejos de recursos, y la Fiscalía solicitó su aprehensión. ¡Un abuso de poder verdaderamente escandaloso! De nuevo, la ASF no encontró irregularidad alguna y ordenó al Conacyt reintegrar los apoyos económicos pendientes.
Después fue acusada de censura, al haber emitido un Código de Conducta que ordena a los servidores públicos del Conacyt a “abstenerse de emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del organismo”. De hecho, el científico Antonio Lazcano fue removido de su puesto por publicar en la revista Science, una respetuosa crítica a la idea de Álvarez-Buylla de que existe una “ciencia neoliberal”, y por los recortes presupuestales.
Ya en días muy recientes ha estado en el ojo del huracán por su “asalto” al CIDE, al cual, torciendo la ley, impone a un director a modo, impidiendo a la comunidad de la institución participar del nombramiento como debería ocurrir según la norma, y como había venido ocurriendo históricamente.
Para acabarla de amolar, apenas esta misma semana nos sale con que envió a la Comisión de Mejora Regulatoria un proyecto de nuevo Reglamento de Becas, en el que se obliga a becarios a “abstenerse de participar en cualquier tipo de evento o manifestación pública”. Y la joya de la corona: el proyecto de reglamento también indica que cuando una becaria se encuentre embarazada, en parto o puerperio se le suspenderá la beca que recibe en ese lapso.
En definitiva, Álvarez-Buylla no entiende nada, ni de ciencia, ni de administración publica, ni de leyes, ni de derechos humanos, ni de igualdad, ni de nada. Urge su remoción; ya le ha hecho demasiado daño al Conacyt, y al país.
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