La tarde de este 8 de febrero, José Antonio Romero Tellaeche, director general del CIDE, informó que el Consejo Directivo del Centro, en su primera sesión ordinaria, ratificó los nombramientos de Jordy Micheli, como secretario académico, y Mónica Santillán, como secretaria de vinculación.
Posteriormente, el Consejo Directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ratificó en el cargo al secretario académico y a la secretaria de vinculación del instituto, pese a la oposición de la Asamblea Académica Permanente, que nuevamente denunció una imposición a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
“Con estos nombramientos, tres personas ajenas a la comunidad van a tener potestad para dirigirla, ignorando así las demandas de que un miembro de la comunidad académica del CIDE fuera nombrado secretario académico, así como de la realización de un nuevo proceso de diálogo”, acusó la Asamblea.
También recordó que la ratificación de Micheli fue posible gracias a que el pasado 24 de enero, la Asamblea General de Asociados del CIDE, integrada por instituciones como la SEP, la Secretaría de Economía y de Energía, entre otros órganos del gobierno, formalizaron la modificación del reglamento general del instituto, pese a las protestas de docentes y estudiantes, que acusan a las autoridades de no incluirlos en dichas modificaciones.
“Este cambio se hizo para encubrir, de manera ex post, ilegalidades en torno al proceso de designación de la dirección general, y para ocupar el cargo de secretario académico. Además de la ilegalidad del proceso, estas reformas no se han protocolizado ni se han publicado oficialmente y por lo tanto, no pueden surtir efecto frente al Consejo Directivo”, señalaron los académicos.
Por lo anterior, la Asamblea enfatizó que “este proceso se ha realizado a espaldas de la comunidad de estudiantes, trabajadores y profesores” por lo que denunciaron que para estos movimientos “nunca se presentó el perfil de la comunidad, ni se consultó al Consejo Académico o se argumentó la idoneidad del doctor Micheli”.
“Con este nuevo acto ilegal, está en duda la validez de la designación del secretario académico y el director general”, denunciaron.
El nombramiento de Micheli Thirión se dio pese a que originalmente no cumplía los requisitos para el puesto y de que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, había dicho que él «sólo estaba de forma transitoria».
Micheli Thirión había sido nombrado como encargado de despacho de la Secretaría Académica del CIDE el 3 de diciembre y desde entonces la comunidad de alumnos cuestionó que no podía ocupar ese cargo, ya que los estatutos indicaban que debía haber trabajado en la institución por al menos dos años.
En una reunión con estudiantes el pasado 7 de diciembre, Álvarez-Buylla fue cuestionada sobre el caso, pues reiteraron que no cumplía con el requisito para desempeñar el cargo.
En respuesta, la directora del Conacyt dijo: «Mi opinión es muy sencilla, tienes toda la razón y te felicito que estés al tanto del estatuto, de la norma del CIDE. El doctor Jordy nos está ayudando de una manera transitoria, él no va a permanecer, está ayudando simplemente trabajando con compromiso y apoyando al doctor Romero para mantener la organización, en favor de ustedes».
Sin embargo, el 24 de enero, el Conacyt propuso cambiar el estatuto del CIDE para quitar este impedimento. Ese día sesionó la Asamblea General del CIDE y con cuatro votos a favor, dos en contra, de El Colegio de México y de la Secretaría de Economía, y con una abstención del Banco de México, se aprobó la reforma al estatuto.
Cabe recordar que el cargo de secretario académico fue una de las causas que desató el conflicto en el CIDE, pues la crisis comenzó cuando Romero Tellaeche, quien en ese entonces era director general interino, removió de ese cargo a Catherin Andrews, acusándola de rebeldía.
Este hecho generó las primeras protestas en el Conacyt para exigir la remoción de Romero Tellaeche, pero la directora del Conacyt lo ratificó el 29 de noviembre.
Desde ese momento iniciaron las protestas en el CIDE y han buscado apoyo en la Secretaría de Gobernación, en el Senado y en la Cámara de Diputados para que sean intermediarios en el conflicto.
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