Por: Rafael Morgan
Ha sido muy comentada la terrible embestida del Consejo Nacional de Investigación y Tecnología bajo la dirección de María Elena Álvarez-Buylla, contra los investigadores y becados del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Cide, quien primero impuso un nuevo Director, José Antonio Romero Tellaeche, que no reúne requisitos, luego logró la aprobación de un nuevo Reglamento del CIDE; después atacó y denunció de corrupción a 31 científicos miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. (FCCyT), quienes se opusieron no sólo a ese reglamento, sino también al nuevo proyecto de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que sustituiría la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. En ese proyecto de Ley se centraliza el sistema nacional de investigación en el Conacyt, afectando a los más de 30 mil científicos integrantes del CNI y desaparecía la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia, a través de la cual los científicos e investigadores se coordinaban con la Presidencia de la República.
Otras decisiones increíbles fueron la eliminación o el retraso en las becas a estudiantes en el extranjero y en las instituciones superiores de México, despedir a científicos e investigadores eventuales, recortar el presupuesto del CIDE y poner en entredicho no solo al CIDE, sino también a los 26 Centros Públicos de Investigación del Conacyt, pues “con juicio unilateral la Junta de Gobierno del Conacyt puede ordenar la desaparición de los Centros”; el nuevo Director del CIDE, José Antonio Romero, según información del periodista Antonio Díaz en El Universal, empezó su gestión destituyendo a la Dra. Catherine Andrews de la Secretaría Académica porque se negó a suspender las Comisiones Académicas Dictaminadoras que ya estaban programadas con semanas de anticipación. Estas comisiones son las encargadas de evaluar los trabajos, colaboraciones y avances científicos presentados por los investigadores del país, para reconocer así las aportaciones de innovación y adelantos tecnológicos. Después quedó claro que lo que se pretende es modificar los criterios de evaluación, buscando favorecer los títulos y grados de las instituciones educativas públicas por sobre los logros y trabajos presentados, por investigadores de instituciones educativas privadas; se está afectando a “los más de 35 mil investigadores que actualmente se les evalúa para determinar su permanencia o promoción dentro del Sistema Nacional de Investigación”.
Quedan para la historia las declaraciones de la Directora del Conacyt, Alvarez-Boylla sobre el nombramiento de Romero en el Cide: “… él no va a permanecer. Mi propuesta es que alguien joven de la institución comprometida o “comprometide” con el cambio, con la diversidad y con el respeto, sea quien ocupe esta secretaría”; peor aún, la siguiente declaración del Consejo del Conacyt publicado en columna de Jesús Silva.Herzog en Reforma del 31 de enero, “… el Conacyt se alinea con la ‘4T’ para alcanzar “soberanía científica e independencia tecnológica”. Ninguna ciencia por encima de la ciencia mexicana, tecnología libre de perversas influencias externas…”, “¿Por qué un mexicano estudiaría un posgrado en una institución privada y no en una pública?”; la Directora del Conacyt en La Jornada del 15 de enero se responde: “Por una razón… por la que un niño prefiere comida chatarra en vez de alimentos nutritivos”. Observen la comparación de un niño, con un estudiante de posgrado incapaz de reconocer lo que le perjudica de lo que le beneficia…” y remata en su columna Jesús Silva-Herzog, “…según este ofuscamiento ideológico, una universidad por ser privada, envenena. Una universidad por ser pública, es nutricia”.
El proceso promovido por la 4T contra las organizaciones científicas, los investigadores y estudiantes becados, es eminentemente ideológico contra el liberalismo, contra las instituciones privadas, las ideas extranjeras, por venir del extranjero. Se destruyen organizaciones públicas y privadas de desarrollo tecnológico y científico. Se disminuye y retiene presupuesto, se eliminan becas y empleos, se bloquean ideas reconocidas como de avanzada y se pone en duda la libertad de investigación.
Este debiera ser el momento en que las mentes más brillantes del país estuvieran enfocadas en buscar soluciones a las crisis de salud, de la economía casi en recesión, de la crisis educativa y del medio ambiente, de la violencia y sus muertos, en la lucha contra la pobreza y en lograr un México más competitivo.
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