Son tiempos para reflexionar sobre la importancia de participar generosamente en las cuestiones públicas, y sufragar en las elecciones constitucionales de nuestro país, conforme la ley nos permite y obliga.
En el supuesto, inalcanzable, de que las instituciones funcionaran a la perfección y que las necesidades sociales estuvieran satisfechas, resultaría insoslayable el deber ciudadano de intervenir en las decisiones que a todos atañen, precisamente para asegurar que la gobernación siguiera así, y que se mantuvieran las condiciones de justicia, desarrollo y paz para garantizar a las futuras generaciones vivir en ese mundo ideal.
Pues, qué decir al observar la realidad, en la que pocos gozamos de todo —unos, de lo bien habido; otros, del abuso del poder— frente a millones de mexicanos hundidos en pobreza centenaria, con hambre y resentimientos acumulados desde antes de la Conquista hasta nuestros días.
Grupos sociales y comunidades enteras cansados de promesas incumplidas, de traiciones repetidas, de expoliación perpetua, de robos materialmente en despoblado; seres humanos frecuentemente alimentados con discursos de odio, cargados de verdades y mentiras, en la voz de psicópatas rencorosos, disfrazados de redentores.
Qué decir de la violencia contra personas y bienes, y de la infiltración de delincuentes —de todo tipo— en instituciones públicas y privadas.
Apuntaré tres razones para ejercer el derecho y cumplir con la obligación de votar y botar:
1ª Es la manera pacífica, civilizada, democrática, constitucional y legal para la integración de los poderes públicos; directamente los ejecutivos y legislativos; indirectamente los judiciales.
2ª Es la manera, con las mismas características que la anterior, para excluir de la función pública —junto con la buscada revocación de mandato y otras excepcionales— a quienes resulten ineptos y corruptos; además de las sanciones económicas, administrativas y penales previstas para los funcionarios que transgredan la ley.
3ª Sirve para recordar a los viejos y hacer saber a los jóvenes que, con todo lo caros, deficientes y perfectibles que nos parezcan y sean los códigos, procedimientos y campañas electorales, sería criminal que perdiéramos lo alcanzado, con enormes sacrificios, durante los últimos 25 años.
No olvidemos que de las balaceras y asesinatos posrevolucionarios que definían los “triunfos” electorales, pasamos a la época en que un solo partido político decidía por sí y ante sí, a través de los Colegios Electorales, a los “ganadores” en las competencias.
Tantos atropellos en tales colegios llegaron a su fin. En 1991 —hace apenas 25 años— una voz en la tribuna de la Cámara de Diputados anunciaba: “Señores del PRI, no todo lo han hecho mal, han cavado la tumba del Colegio Electoral”.
También el Presidente de la República dejó de ser instancia electoral extraordinaria y supralegal.
Por eso, y por mucho más, es imperativo votar y botar para avanzar. Sería criminal retroceder.
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