Los escasos recursos (humanos y económicos) y la corrupción e ineptitud institucionales hacen que la procuración e impartición de justicia sean inaceptables y deficitarias socialmente. Por eso los ciudadanos reclaman a gritos, y los medios de comunicación impelen a las autoridades para que se dignen a atender a quienes se consideran (o son) atropellados.
Algunos periodistas suelen incidir de diversas maneras en el resultado de las controversias; a veces logrando que impere la ley y, en ocasiones, sin parar mientes a que sus presiones la obstruyen.
Ciertamente sería mayor el desamparo de las víctimas si nuestro periodismo no lampareara a los abusivos, de dentro y fuera de los gobiernos, y no visibilizara a las víctimas. Eso es innegable. Constantemente los casos se descubren y persiguen gracias a denuncias y trabajos periodísticos, valientes y profesionales, cuyos autores son cobardemente deturpados y perseguidos desde el Palacio Nacional, y algunos ultimados proditoriamente.
Hecho el reconocimiento anterior, expongo lo que de acuerdo a mi leal saber y entender constituye el otro escollo, nada menor, para alcanzar un verdadero Estado de derecho.
Como la justicia avanza (¡cuando avanza!) sobre los caparazones de las tortugas, y las injusticias se escabullen sobre lomos de venados, se causa tal desazón en los justiciables, en la sociedad y en los periodistas que, de facto, los lleva más allá de la mera denuncia y de la exigencia de justicia. Generalmente, sin conocer los expedientes judiciales, ni verificar si están probados los hechos imputados, ni conocer los dictámenes periciales, ni saber el valor de las pruebas ofrecidas por las partes, ni las disposiciones legales aplicables al procedimiento y al fondo, difunden opiniones y prejuicios que pergeñan y deciden algunas sentencias de jueces de consigna (o timoratos) para satisfacer a la “opinión pública”, no a la justicia como les impone la ley.
La única forma de corregir esa otra desviación de la justicia consiste en limpiar y fortalecer a las instituciones encargadas de procurarla e impartirla, para que merezcan el respeto y la confianza social, y que los periodistas y opinadores en general nos expresemos responsable y libremente, pero no como jueces inapelables.
Impartir justicia no es tarea sencilla y lineal, ni debe supeditarse a los deseos de las partes (por respetables que sean) ni al aplauso de los periodistas (que mucho la auxilian con sus investigaciones, denuncias y reclamos). La calidad de la justicia depende de múltiples factores, entre ellos: de los recursos materiales y humanos con que cuente, de la probidad y pericia de los muchos actores involucrados en los procedimientos, y del apoyo social. El recto proceder que debemos exigir a los jueces es indispensable pero insuficiente.
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