La presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado reiterada irritación ante las preguntas periodísticas sobre las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios. Observadores coinciden en que su lenguaje corporal y respuestas revelan molestia, recurriendo a ironía o desvíos hacia otros temas para eludir el foco.
El caso estalló a finales de abril de 2026, cuando fiscales estadounidenses imputaron a Rocha Moya y colaboradores presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos. Se les acusa de recibir sobornos y brindar protección a cambio de facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos, además de influir en procesos electorales. México respondió exigiendo pruebas contundentes, congelando algunas cuentas relacionadas y abriendo una investigación propia a través de la Fiscalía General de la República (FGR). Sheinbaum ha insistido en la presunción de inocencia y en que no se tolerará injerencia extranjera, recordando que Estados Unidos ha rechazado en el pasado decenas de solicitudes de extradición mexicanas por falta de evidencias.
Desde una postura, el gobierno defiende la soberanía nacional y la responsabilidad de investigar conforme al marco legal mexicano. Sheinbaum ha afirmado que no se encubrirá a nadie si existen delitos probados, pero critica que las imputaciones parezcan tener un objetivo político. Analistas afines destacan que presionar sin entregar pruebas erosiona la cooperación bilateral y revive tensiones históricas de intervencionismo. Además, se resalta la reducción de homicidios en Sinaloa durante la gestión, como argumento de efectividad en seguridad.
Críticos, en cambio, ven debilidad institucional. Señalan que la irritación presidencial refleja incomodidad ante un escándalo que golpea al corazón del movimiento gobernante. La cercanía partidista con Rocha Moya alimenta dudas sobre imparcialidad. ¿Por qué no se avanza con mayor celeridad en la FGR? La opacidad en las relaciones con Estados Unidos y el uso de narrativas de ataque externo desvían la atención de posibles fallas internas en la designación de funcionarios y control territorial. Congelar cuentas pero mantener al implicado en Sinaloa genera percepciones de protección.
Este episodio pone en evidencia dilemas profundos: el equilibrio entre soberanía y cooperación contra el crimen organizado transnacional, la credibilidad de las instituciones ante acusaciones graves y la gestión de la opinión pública en un tema sensible. Mientras unos celebran la firmeza ante Washington, otros cuestionan si la responsabilidad del Estado mexicano ante su ciudadanía se supedita a lealtades políticas. La irritación visible ante el escrutinio periodístico amplifica la polémica: ¿refleja defensa legítima o evasión de un problema estructural que trasciende administraciones? El desenlace dependerá de la solidez de las investigaciones y la transparencia en su manejo. La ciudadanía exige claridad, no confrontaciones retóricas.
