La presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por una estrategia defensiva ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios estatales y municipales. En lugar de anunciar medidas inmediatas de detención o investigación profunda por parte de las autoridades mexicanas, la mandataria ha redirigido el foco hacia el sexenio de Felipe Calderón, recordando supuestos acuerdos entre su gobierno y un grupo delictivo. “Todos los que critican ahora, ¿por qué no recuerdan el acuerdo que hizo Calderón con un grupo delictivo?”, cuestionó sin presentar evidencia documental o testimonial específica.
Esta respuesta genera polémica en varios frentes. Por un lado, sectores oficialistas y analistas afines a Morena la interpretan como un recordatorio legítimo de inconsistencias históricas en la política de seguridad. Argumentan que el gobierno de Calderón (2006-2012) no solo inició una “guerra” contra el crimen organizado que dejó decenas de miles de muertos, sino que enfrentó señalamientos por supuestos pactos o tolerancias selectivas, como los asociados al caso del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos. Desde esta postura, exigir pruebas irrefutables a Washington mientras se evoca el pasado opositor busca equilibrar la narrativa y defender la soberanía nacional frente a lo que perciben como injerencia.
Por otro lado, críticos de la actual administración ven en estas declaraciones una maniobra para diluir la responsabilidad del gobierno federal y del partido en el poder. Señalan que Sheinbaum exige evidencias contundentes contra Rocha Moya y su círculo —vinculados presuntamente a la facción de Los Chapitos—, pero no ofrece las mismas cuando acusa a la gestión anterior. Esta aparente asimetría, sostienen, podría interpretarse como protección política a aliados clave de Morena en Sinaloa, un estado estratégico por su peso económico y su posición en el mapa del crimen organizado. La falta de acciones visibles como suspensiones preventivas o auditorías exhaustivas alimenta especulaciones sobre posibles riesgos de infiltración en instituciones.
El enfoque ha dividido opiniones. Mientras algunos aplauden la defensa de la no intervención extranjera y el llamado a la Fiscalía General de la República para actuar solo con pruebas conforme a la ley mexicana, otros cuestionan si esta retórica retrasa la rendición de cuentas interna. La entrega voluntaria de exfuncionarios sinaloenses a la justicia estadounidense intensifica el escrutinio: ¿refleja debilidad institucional o autonomía de los implicados? Analistas advierten que la polarización histórica entre sexenios —comparar el presente con el pasado— podría erosionar la credibilidad de las instituciones si no se acompaña de avances concretos en las investigaciones locales.
Este caso pone en evidencia las tensiones estructurales de la relación bilateral y los desafíos internos de gobernabilidad. La insistencia en la responsabilidad compartida a lo largo de las administraciones invita al debate sobre continuidad o cambio real en las estrategias contra el crimen. Sin embargo, la ausencia de pruebas en las referencias al pasado de Calderón contrasta con la exigencia actual, generando cuestionamientos sobre coherencia y transparencia. La evolución del proceso en Nueva York y las acciones de la FGR determinarán si prevalece la defensa soberana o si emergen responsabilidades concretas que trasciendan las narrativas partidistas.
