La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfrentado cuestionamientos por aparentes inconsistencias en su postura respecto a la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano. En fechas recientes, Sheinbaum afirmó de manera categórica que es falso que agentes de esa agencia operen en el país, subrayando que cualquier colaboración con autoridades estadounidenses se ajusta estrictamente a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, semanas antes, el gobierno federal exigió al de Chihuahua información detallada sobre la participación de dos agentes estadounidenses —identificados posteriormente como vinculados a la CIA— en un operativo para desmantelar un gran narcolaboratorio en la sierra del municipio de Morelos.
El incidente ocurrió en abril de 2026. Un convoy integrado por policías ministeriales de Chihuahua y ciudadanos estadounidenses intervino en la zona de El Pinal, donde se localizó uno de los laboratorios de drogas sintéticas más grandes asegurados en México. Dos agentes estadounidenses perdieron la vida en un accidente vehicular al regresar del operativo, junto con funcionarios mexicanos. La Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones por posibles violaciones a la soberanía nacional, citando a decenas de testigos para esclarecer si existieron acuerdos previos y bajo qué condiciones operaron los extranjeros.
Desde una perspectiva crítica, la defensa de la soberanía nacional es un pilar histórico de la política exterior mexicana, especialmente en un contexto de cooperación bilateral contra el crimen organizado. Defensores del gobierno argumentan que exigir claridad no implica contradicción, sino el ejercicio legítimo de control sobre acciones que podrían afectar la independencia del país. La presidenta ha insistido en que la FGR determinará responsabilidades y ha rechazado narrativas que sugieren operaciones encubiertas sistemáticas.
Por otro lado, analistas y sectores opositores señalan una posible inconsistencia discursiva. Al enarbolar la bandera de la soberanía en el caso de Chihuahua, el Ejecutivo federal habría evidenciado desconocimiento inicial de actividades conjuntas en territorio nacional, lo que plantea dudas sobre el nivel de coordinación interna y el control efectivo sobre operativos de seguridad. Esta tensión se agudiza al contrastar con reportes estadounidenses que destacan el apoyo de inteligencia de la CIA como fundamental en la operación que permitió ubicar y eliminar a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en febrero de 2026.
La colaboración en inteligencia entre México y Estados Unidos ha sido recurrente en la lucha contra el narcotráfico, pero genera debates profundos. Una postura enfatiza la necesidad pragmática de compartir información para enfrentar a organizaciones transnacionales poderosas, mientras otra advierte sobre riesgos de injerencia que podrían comprometer la autonomía mexicana. El caso ilustra las complejidades de una relación bilateral asimétrica, donde la soberanía se defiende públicamente, pero la cooperación operativa ocurre en la opacidad.
En última instancia, el episodio revela desafíos estructurales: la fragmentación de esfuerzos de seguridad entre niveles de gobierno y la dificultad para equilibrar soberanía con eficacia contra el crimen. La FGR tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos con transparencia, contribuyendo a una política de seguridad más coherente y respetuosa de la legalidad.
