El presidente estadounidense Donald Trump insistió recientemente en que “los cárteles gobiernan México, nadie más”, en medio de acusaciones formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios, presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa. Las imputaciones incluyen conspiración para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo electoral, basadas en testimonios de colaboradores como miembros de la familia Guzmán y declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada.
Esta afirmación de Trump ha reavivado el debate sobre la penetración del crimen organizado en estructuras de poder estatal. Mientras algunos analistas la interpretan como una presión estratégica para forzar mayor cooperación en seguridad, otros la ven como una narrativa recurrente que ignora avances mexicanos y sirve para justificar posibles acciones unilaterales. La administración de Claudia Sheinbaum ha respondido exigiendo pruebas concretas a través de nota diplomática, argumentando que la Fiscalía General de la República no ha encontrado elementos suficientes para proceder en México. Rocha Moya solicitó licencia y niega las acusaciones.
Distintas posturas polarizan el panorama. Sectores oficialistas y columnistas cercanos al gobierno consideran las imputaciones una maniobra política de Trump, quien según la imagen resumida en el acrónimo TACO (“Trump Always Chickens Out”) podría recular, como en episodios previos. Defienden la soberanía nacional y alertan sobre riesgos de injerencia, recordando casos como Venezuela. La falta inicial de apoyo abierto de Morena a Rocha alimenta especulaciones sobre divisiones internas, pero también se interpreta como estrategia para ganar tiempo y evitar entregas que pudieran generar testigos protegidos.
Por contraste, voces críticas y analistas de oposición destacan la gravedad de las acusaciones, alimentadas por información de “Los Chapitos” y El Mayo Zambada, similar al caso de Genaro García Luna. Argumentan que la protección a funcionarios implicados erosionaría la credibilidad del gobierno federal y confirmaría la debilidad estatal ante el crimen organizado. Para estos sectores, la respuesta cautelosa de Sheinbaum busca evitar un impacto demoledor en su administración, priorizando unidad nacional frente al “embate exterior”.
El episodio genera indignación legítima entre ciudadanos cansados de la violencia y la corrupción. Padres de familia, empresarios y comunidades afectadas por el narco cuestionan si la prioridad es proteger instituciones o a presuntos cómplices, mientras el fentanilo sigue cobrando vidas en Estados Unidos y México enfrenta temperaturas de confrontación bilateral. La responsabilidad del Estado mexicano radica en investigar con rigor, transparencia y autonomía, sin subordinarse a presiones externas ni encubrir irregularidades internas.
Trump utiliza el caso para reforzar su agenda de control fronterizo y posible intervención, pero la solución estructural exige fortalecer instituciones, combatir impunidad y abordar causas profundas como el flujo de armas y la economía criminal. La forma en que Sheinbaum gestione esta crisis definirá no solo su relación con Washington, sino la percepción sobre el control real del Estado frente a poderes paralelos. La opacidad o la improvisación solo profundizarían la desconfianza ciudadana.
