La gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde abrió un nuevo frente en el complejo caso que involucra acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses por presuntos nexos con el narcotráfico. Al afirmar que el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, no fue designado por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, sino enviado directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Bonilla deslindó a la administración estatal de la decisión.
Mérida Sánchez, general en retiro, ocupó el cargo desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2024. Según las autoridades estadounidenses, recibió sobornos superiores a los 100 mil dólares mensuales de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección, alertas sobre operativos y tolerancia a laboratorios de fentanilo. Se entregó voluntariamente a autoridades de Estados Unidos el 11 de mayo en Arizona y enfrenta cargos graves que podrían implicar décadas de prisión.
La declaración de Bonilla Valverde responde a la presión generada por las acusaciones que también señalan directamente a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios. Al atribuir la responsabilidad del nombramiento a la Sedena, la mandataria interina subraya que se trató de una imposición federal, no de una elección local. Esta postura busca proteger la imagen del gobierno estatal y del propio Rocha, quien solicitó licencia temporal para enfrentar las investigaciones.
Sin embargo, la versión genera cuestionamientos sobre la coordinación entre niveles de gobierno. Críticos argumentan que, independientemente del origen del nombramiento, el gobernador en turno ejerce la responsabilidad política sobre los funcionarios de su gabinete. La designación de un militar en retiro para un cargo clave de seguridad pública reflejaba la estrategia de militarización de la seguridad, promovida desde el gobierno federal. Ahora, esa misma estrategia se utiliza para intentar deslindar responsabilidades.
Desde otra perspectiva, defensores de la administración estatal ven en las acusaciones estadounidenses una interferencia externa que busca desestabilizar gobiernos aliados al oficialismo. Señalan que Mérida Sánchez contaba con trayectoria en inteligencia militar y que su envío a Sinaloa formaba parte de la colaboración federal-estatal contra el crimen organizado. La entrega voluntaria del exsecretario y las detenciones de otros exfuncionarios alimentan el debate sobre la efectividad de los mecanismos de vetado y supervisión de perfiles de alto nivel.
El caso expone tensiones estructurales en la relación entre autoridades federales, estatales y el vecino país del norte. Mientras Bonilla insiste en que las detenciones no afectan la gobernabilidad y destaca el despliegue de más de 13 mil elementos federales en Sinaloa, analistas advierten que el escándalo erosiona la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad. La atribución exclusiva a la Sedena invita a preguntar hasta dónde llega la autonomía real de los gobiernos estatales en materia de seguridad cuando intervienen las fuerzas armadas.
Este nuevo capítulo refuerza la percepción de un entramado complejo donde las líneas de responsabilidad se difuminan entre lo federal y lo local. La opinión pública permanece dividida: unos exigen mayor transparencia y rendición de cuentas, otros ven en las acusaciones un ataque político orquestado. El desarrollo de las investigaciones determinará si el deslinde de Bonilla resiste el escrutinio o si, por el contrario, profundiza las dudas sobre la gobernanza en una de las entidades más estratégicas para el combate al narcotráfico.
