La presidenta Claudia Sheinbaum encendió el debate político nacional al afirmar desde Palacio Nacional que existe «mucha desfachatez en decir que hay corrupción» de parte de la oposición, cuando —según su argumento— los partidos que hoy la critican gobernaron con corrupción durante décadas. La declaración, pronunciada en el contexto de los escándalos que rodean a funcionarios de Morena señalados por Estados Unidos, reactivó un ciclo de acusaciones cruzadas que revela las grietas del discurso oficial anticorrupción.
El argumento del ‘pasado corrupto’
La estrategia retórica del gobierno federal no es nueva: confrontar las críticas señalando los antecedentes de quienes las formulan. Hay fundamento en el argumento. El PRI gobernó México durante siete décadas con un sistema clientelar y de corrupción institucionalizada. El PAN no fue ajeno a escándalos durante sus administraciones federales, y el PRD acumuló señalamientos en varios gobiernos locales. La oposición actual carga ese lastre histórico, y Sheinbaum lo sabe y lo usa. Sin embargo, el recurso de señalar el pasado no responde a las preguntas del presente.
El factor que la presidenta omite
El argumento presidencial enfrenta una inconsistencia difícil de sortear: si aquellos políticos provenientes del PRI, el PAN o el PRD eran corruptos, ¿por qué se les abrieron las puertas de Morena? La migración masiva de cuadros de los viejos partidos hacia el partido gobernante fue una realidad documentada y ampliamente criticada, incluso desde las filas del propio movimiento. El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ilustra el problema: un político que transitó del PRD al PRI y luego a Morena, y que hoy enfrenta una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Además de Rocha, otros nueve funcionarios y exfuncionarios vinculados a Morena quedaron señalados en la misma acusación.
La ciudadanía no permanece al margen del debate. Encuestas recientes aportan datos que complican la narrativa oficial: según el sondeo de AtlasIntel para Bloomberg News, levantado entre el 24 y 28 de abril de 2026 con una muestra de 2,948 personas, el 59% de los encuestados señala a la corrupción como el principal problema del país, por encima de la delincuencia y la inflación. La aprobación de Sheinbaum, que durante la mayor parte de su mandato se mantuvo por encima del 60%, cayó a poco más del 51%, su nivel históricamente más bajo. La percepción de impunidad —y no solo la oposición— alimenta ese descenso.
La corrupción en datos: México frente al mundo
El contexto internacional refuerza las alertas. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 141 de 182 países evaluados, con 27 puntos sobre 100, y en el último sitio entre los miembros de la OCDE. Transparencia Internacional señaló explícitamente que la corrupción ha facilitado la penetración del crimen organizado en la política de países como México. El dato no proviene de la oposición: proviene de organismos independientes de alcance global.
Las voces en disputa
Desde la oposición, el PAN presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por crímenes de lesa humanidad, acción calificada por Sheinbaum como un acto de «cobardía» de un «grupo minúsculo». El PRI, por su parte, protagonizó un episodio cargado de simbolismo al colocar lonas en el Congreso con la leyenda «Narcos del Bienestar», a lo que el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, respondió pidiendo «respeto para la presidenta». Movimiento Ciudadano cuestionó la efectividad de la reforma de integridad de candidaturas impulsada por Sheinbaum, aprobada apenas semanas después de que estallara el caso Rocha, y advirtió el riesgo de que sea utilizada políticamente.
El debate que abrió Sheinbaum con su declaración sobre la «desfachatez» no es solo retórico: toca el nervio central de la credibilidad de la Cuarta Transformación. Un movimiento que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción no puede sostener indefinidamente el argumento de que el problema es exclusivamente herencia del pasado, cuando ese pasado fue, en parte, incorporado a sus propias filas, cuando los índices internacionales de transparencia continúan en descenso y cuando la ciudadanía, más allá de las trincheras partidistas, percibe que la corrupción sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo del país. Señalar al adversario puede ser táctica política eficaz. Pero no es política anticorrupción.
