La presidenta Claudia Sheinbaum dio el 1 de junio de 2026 su crítica más directa al gobierno de Donald Trump. Ante miles de simpatizantes en el Monumento a la Revolución, declaró que México «no acepta injerencias» y cuestionó si las acciones del Departamento de Justicia estadounidense responden a un interés legítimo o si, en cambio, «sectores de la derecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026» o incluso para influir en los comicios mexicanos de 2027.
El discurso fue contundente, pero al día siguiente llegaron las matizaciones. En su conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que no cree que sea Trump quien encabece esta ofensiva, y destacó que existe buena relación y mucho diálogo con el gobierno estadounidense. La aparente contradicción no es menor: primero se agita la bandera del nacionalismo frente a la militancia, y luego se cuida el canal diplomático. Esta dualidad revela la tensión central del momento político: México necesita a Estados Unidos tanto como le resulta incómodo.
El fondo del asunto: Rocha Moya y la factura política
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para proteger operaciones de narcotráfico, facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y recibir sobornos a cambio de apoyo institucional. Rocha Moya es el miembro de más alto rango del partido Morena en ser acusado formalmente por Estados Unidos.
La respuesta del gobierno federal fue la de siempre: negar, cuestionar la legitimidad de las pruebas y encuadrar el proceso como una maniobra política. La propia presidenta señaló que, si no existen pruebas claras, el objetivo de estas imputaciones «es político». Sin embargo, el argumento resulta difícil de sostener cuando los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York —una de las jurisdicciones más prestigiosas de Estados Unidos— firmaron un expediente de 34 páginas con cargos específicos que incluyen conspiración para importar fentanilo y posesión de armas.
El dilema para Sheinbaum es político, no jurídico: entregar o extraditar a Rocha Moya significaría reconocer que en las filas de Morena hay funcionarios que gobernaron en complicidad con el crimen organizado. Eso derrumbaría parte del relato fundacional de la Cuarta Transformación.
El T-MEC en modo zombi: el costo del callejón sin salida
La crisis diplomática ocurre en el peor momento posible para la economía mexicana. Según el análisis de Eurasia Group, el T-MEC no será ni extendido ni actualizado, y quedará operando como un «zombi», vigente sólo de forma técnica, sosteniendo a empresas y gobiernos en un entorno de negociaciones y presiones constantes. La firma señala que Estados Unidos sabe que ni México ni Canadá pueden darse el lujo de abandonar este trato, lo que le permite absorber cerca del 80% de las exportaciones mexicanas, y prefiere mantener el acuerdo «pasmado» para obtener concesiones económicas y políticas.
Fitch Ratings advirtió que el T-MEC podría operar bajo renovaciones anuales que no garantizan estabilidad a largo plazo, mientras México enfrenta bajo crecimiento, presión fiscal y un entorno regulatorio que complica la inversión. Este entorno resta atractivo a México como plataforma de relocalización productiva, incluso si el T-MEC no desaparece formalmente.
En caso de que una de las naciones no acepte la extensión del tratado en la revisión de julio, el T-MEC entrará en un esquema de revisión anual hasta 2036. Un horizonte de incertidumbre crónica, que se traduce en inversión aplazada y empleos que no llegan.
Los escenarios que nadie quiere ver
El más probable es que la relación bilateral continúe en un estado de tensión administrada: discursos soberanos hacia adentro, pragmatismo hacia afuera. Pero los escenarios de riesgo son reales. Si Trump decide reactivar aranceles generalizados contra México, el impacto en el peso, el empleo y las finanzas públicas sería inmediato. Y si el Departamento de Justicia presenta públicamente las pruebas que alega tener contra otros funcionarios de Morena, el gobierno enfrentará una crisis de legitimidad sin precedentes.
La pregunta que recorre los pasillos de Palacio Nacional no se hace en voz alta: ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno a sacrificar el bienestar económico del país para proteger a sus cuadros políticos? La respuesta que se observa en los hechos, no en los discursos, sugiere que la lealtad partidista va por delante del interés nacional. Eso no es soberanía: es impunidad con bandera.
