La derrota electoral que Morena sufrió en Coahuila el pasado 7 de junio no tardó en convertirse en el primer gran examen de hasta dónde está dispuesto a llegar el partido oficial para revertir resultados adversos en las urnas. El episodio plantea una pregunta incómoda para la democracia mexicana: ¿puede un partido en el poder utilizar la maquinaria jurídico-electoral que él mismo rediseñó para anular elecciones que no ganó?
Los números son contundentes. El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila validó una votación total de un millón 213 mil 321 sufragios. El PRI obtuvo 651 mil 86 votos —53.66% de la votación válida emitida— y triunfó en los 16 distritos de mayoría relativa. Morena apenas alcanzó 290 mil 56 votos, equivalentes al 23.91%, sin ganar ninguna diputación de mayoría, por lo que tendrá representación únicamente mediante nueve curules plurinominales. Una derrota aplastante que más que duplica la distancia entre ambos partidos.
Ante esa realidad, Morena desplegó una ofensiva jurídica en múltiples frentes. El partido promovió un juicio electoral solicitando la nulidad de las 16 diputaciones ganadas por el PRI, argumentando irregularidades en 962 casillas —equivalentes al 22.6% del total instalado—, compra y coacción del voto, y rebase de topes de campaña. Además presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR y ante la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear el origen de los recursos utilizados, supuestamente, mediante códigos QR.
En protesta por las supuestas irregularidades, los morenistas decidieron no acudir a la entrega de constancias que los acreditan como diputados por representación proporcional, aunque sostuvieron que la judicialización apenas comienza.
Lo que convierte este caso en algo más que una disputa local es el contexto institucional en el que se resolverá. Expertos alertan de que Morena ha tejido un andamiaje legal y constitucional diseñado para blindar al movimiento contra futuras derrotas en las urnas, que incluye reformas para anular elecciones por injerencia extranjera o del crimen organizado, la ampliación en el cargo de magistrados electorales federales y la elección judicial que definió a jueces mediante «acordeones».
El elemento más polémico de ese andamiaje es la reconfiguración del Tribunal Electoral. En una reserva aprobada de última hora, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF en funciones quedaron habilitados para postularse en la elección de 2028, lo que podría permitirles permanecer en el cargo hasta 2033 o 2034, acumulando más de 17 años. La medida provocó división incluso dentro de Morena: el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió que «estamos violando la Constitución» y calificó la propuesta de llena de trampas que restaura la reelección de magistrados.
La oposición no tardó en señalar la paradoja. El PAN acusó que Morena quiere anular elecciones únicamente cuando los resultados no le favorezcan. El argumento tiene peso histórico: los mismos principios que hoy esgrime el partido en el poder para impugnar en Coahuila —compra de votos, uso de recursos ilícitos, presión institucional— fueron durante décadas herramientas de las que se valió el PRI para controlar la política local en ese estado.
La gran incógnita es si los tribunales electorales, en su nueva configuración, actuarán con la independencia que exige el Estado de derecho o se convertirán en el brazo jurídico de un proyecto político. El presidente del TEPJF ha insistido en que la elección de jueces y magistrados por voto popular no vulnera su autonomía ni implica que estén representando a algún partido. Coahuila será la primera prueba real de esa afirmación.
Lo que está en juego no es solo el resultado de 16 distritos en un estado del norte. Es la credibilidad del sistema electoral mexicano como árbitro imparcial entre partidos desiguales en poder.
