La presidenta Claudia Sheinbaum intentó bajarle el volumen al escándalo de Rubén Rocha Moya y sus nueve compadres acusados en Nueva York. “Es una oficina más”, soltó, como si la Fiscalía del Distrito Sur fuera la delegación de Tránsito de Culiacán. Minimizar, restar peso, pintar todo como complot gringo para meterse en nuestros asuntos. La soberanía por delante, las pruebas por detrás.
Pero el destino, ese cabrón juguetón, le dio la vuelta a la tortilla. Resulta que Donald Trump nominó precisamente a Jay Clayton —el fiscal que lleva el caso contra Rocha y compañía— como próximo director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. El mismo que tiene el expediente de los presuntos acuerdos con el Cártel de Sinaloa ahora estará arriba de toda la inteligencia yanqui. De “oficina más” pasó a ser la oficina que puede complicar la siesta a más de un político mexicano vinculado con los cárteles.
¡Órale! De repente las acusaciones ya no suenan tan lejanas ni tan politizadas. Rocha, exgobernador de Sinaloa, enfrenta cargos serios por supuestamente proteger narco a cambio de votos y billetes. Uno de los acusados ya está cantando en Nueva York. Mientras tanto, en México se habla de injerencia y se exige respeto, pero la realidad es que el balón ya está en el área y viene con efecto.
Sheinbaum tiene razón en defender la soberanía, nadie quiere que los gringos vengan a dar órdenes en casa. Pero minimizar un caso de esta magnitud, con fiscales que ahora suben de nivel en Washington, huele más a deseo que a estrategia. Porque si las pruebas son tan flojas como se dice, pues que se demuestre con hechos y no con descalificaciones.
Al final, el que jugaba a restarle importancia al problema ahora ve cómo el problema crece y se sienta en un escritorio poderoso en la capital del norte. Política mexicana: donde hasta los “nonsanctos” terminan bendecidos por el karma gringo.
