Hay una constante que atraviesa tres de las crisis humanitarias más graves que enfrenta México: la tendencia de los gobiernos emanados de Morena a desacreditar a quienes protestan, en lugar de atender las causas que los llevaron a las calles. Padres de niños con cáncer sin medicamentos, mujeres que exigen el fin de la violencia de género y madres buscadoras de familiares desaparecidos han sido, en distintos momentos, descalificados con los mismos argumentos: son instrumentos de la derecha, golpistas, agentes de la ultraderecha o actores de una campaña mediática en contra del gobierno. La pregunta que esta narrativa oficial elude, deliberada y sistemáticamente, es si los problemas que denuncian son reales o no.
El fantasma del golpismo como respuesta
Cuando el desabasto de medicamentos oncológicos para niños alcanzó proporciones escandalosas, la respuesta del gobierno federal no fue la autocrítica sino el ataque. El subsecretario Hugo López-Gatell acusó a los padres de familia de los niños con cáncer de ser golpistas que formaban parte de un movimiento internacional, insinuando que posiblemente estarían en una nómina o recibirían prebendas por sus actividades, asegurando al mismo tiempo que los medicamentos no habían escaseado. Los padres y madres respondieron con un comunicado en el que reprobaron las declaraciones del presidente López Obrador, quien negó el desabasto y acusó, sin fundamento, a los progenitores de dejarse manipular. Los colectivos recordaron que durante más de 936 días los pequeños se habían quedado sin medicamentos para su tratamiento contra el cáncer y señalaron que muchos habían tenido graves repercusiones en su salud y hasta la vida habían perdido por esta causa.
El patrón no se detuvo ahí. Padres y madres de 220 niños con cáncer demandaron penalmente a López Obrador por los delitos de genocidio, comisión por omisión y discriminación, ante el desabasto de medicamentos, la falta de quimioterapias y por haberlos llamado «golpistas». La respuesta legislativa del partido en el poder siguió la misma lógica: las comisiones de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, encabezadas por legisladores morenistas, desecharon dos propuestas que buscaban establecer mecanismos legales para garantizar tratamientos a niñas y niños con cáncer, incluyendo vales de salud para surtir recetas ante la falta de insumos en hospitales públicos.
Las mujeres, entre la marcha y la valla
La relación entre el movimiento feminista y los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación reproduce el mismo esquema. Desde el sexenio de López Obrador, el Palacio Nacional fue amurallado con vallas metálicas durante cada 8 de marzo, mientras que Sheinbaum reiteró en distintas ocasiones su postura en contra de la violencia en las movilizaciones. La presidenta se dice feminista, pero las feministas que protestan en las calles son, según la narrativa oficial, un problema de orden público o un instrumento de la oposición.
Cuando en noviembre de 2025 una multitudinaria protesta sacudió al gobierno de Sheinbaum, la mandataria la relativizó calificándola como un impulso promovido incluso desde el extranjero en contra del gobierno, a pesar de que la marcha reunió a miles de personas en todo el país. La estrategia discursiva es consistente: legitimar la demanda en abstracto, deslegitimar a quienes la encarnan en concreto.
Las madres que el Estado preferiría no ver
El caso de las madres buscadoras es acaso el más doloroso de los tres. La activista Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, condenó que el presidente López Obrador señalara a las buscadoras de querer incrementar las cifras de personas desaparecidas porque, según él, estaban en contra de su administración. Madres buscadoras de varios estados protestaron frente a Palacio Nacional luego de que el gobierno presentara un nuevo censo en el que la lista de personas desaparecidas bajó de más de 110 mil a solo 12 mil, exigiendo que el presidente no volviera a desaparecer a sus hijos.
El sexenio de AMLO fue el periodo cuando más personas desaparecidas hubo en México, 60 mil, una cifra igual a la suma de los desaparecidos durante los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón juntos. Sheinbaum, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue la única gobernante que les negó a las madres de desaparecidos tener un árbol de la esperanza donde colocar los nombres y las fotos de sus familiares, y negó que durante su gestión hubiera habido desaparecidos en la capital, cuando las cifras indican lo contrario.
El denominador común: negar para sobrevivir políticamente
Los tres colectivos comparten algo más que el dolor: todos han tenido que enfrentarse a un aparato de Estado que, en lugar de resolver, desacredita. El argumento de la «ultraderecha» y el «golpismo» cumple una función política precisa: convertir cualquier crítica en ataque, cualquier víctima en instrumento y cualquier demanda legítima en amenaza al proyecto de gobierno.
La paradoja es evidente. Un gobierno que se define como defensor de los más vulnerables ha encontrado en los más vulnerables —niños con cáncer, mujeres violentadas, familias de desaparecidos— a sus principales adversarios políticos. No porque lo sean, sino porque sus demandas exhiben contradicciones que la narrativa oficial no puede sostener.
Lo polémico no es que haya quienes quieran dañar al gobierno. Lo polémico es que el gobierno haya decidido que esos niños, esas mujeres y esas madres son más peligrosos para su imagen que los problemas que denuncian. Eso, en cualquier democracia que se precie de serlo, tiene un nombre: intolerancia al disenso.
