El caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Víctor Rodríguez Padilla ha colocado a la presidenta Claudia Sheinbaum en uno de los episodios más incómodos de su administración, uno que mezcla violencia de género, contradicciones institucionales y la siempre delicada zona de los vínculos personales en el ejercicio del poder.
El 27 de junio de 2026, María Felicia Jiménez, esposa de Rodríguez Padilla, difundió un video que la muestra siendo agredida físicamente por el entonces funcionario el 15 de marzo, mientras Pemex aún estaba bajo su dirección, y con un hijo menor de edad presente en la escena. La denuncia pública fue acompañada de un llamado directo a la presidenta: «En su casa, un alto mando del Gobierno actual le pega a su esposa. Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener dónde vivir y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de la presidencia».
La respuesta oficial, sin embargo, generó más dudas que certezas. La Secretaría de Energía sostuvo que Rodríguez Padilla no ocupaba ningún cargo público y que su incorporación al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias «nunca se formalizó». La versión se contradice con el hecho de que el INEEL había difundido un boletín oficial, fotografías y actividades institucionales encabezadas por el exdirector de Pemex como titular del organismo. Un comunicado del propio INEEL fechado el 3 de junio describió incluso su discurso de toma de posesión el 1 de junio.
Ante las preguntas de medios, Sheinbaum respondió con cautela: dijo que se le proporcionaría toda la ayuda a la víctima y que «si quiere presentar una denuncia, que la presente». La Secretaría de las Mujeres ofreció acompañamiento. La Fiscalía de Morelos abrió carpeta de investigación. Rodríguez Padilla, por su parte, anunció en redes sociales su separación de cualquier cargo y pidió discreción, invocando la presunción de inocencia.
El nudo político, no obstante, tiene una dimensión adicional que complica la postura presidencial. La propia Sheinbaum reconoció en agosto de 2024, al presentarlo como director de Pemex, que ambos «escribimos juntos varios artículos académicos y de opinión». También explicó que se conocen desde su época como estudiantes de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y que coincidieron posteriormente en la maestría en Ingeniería en Energía. Esta relación de décadas convierte cualquier decisión institucional sobre el caso en un acto de equilibrismo político.
El episodio desnuda una contradicción estructural: un gobierno que se presenta como feminista y que abandera el lema «llegamos todas» enfrenta una denuncia documentada en video contra un colaborador cercano a la presidenta. La denunciante subrayó la ironía en su mensaje público: «El discurso de amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL».
Desde la oposición y sectores de la sociedad civil se exige que la Fiscalía actúe con independencia y que no se apliquen criterios distintos por tratarse de un funcionario con lazos al poder. Desde el oficialismo, en tanto, predomina el silencio o el argumento de que se deben respetar los procesos judiciales sin interferencia.
Lo que queda en evidencia es que la administración Sheinbaum incurrió en una contradicción pública difícil de sostener: negó primero que el acusado estuviera en el gobierno cuando la evidencia documental dice lo contrario, y deberá decidir si la proximidad académica y personal con el denunciado pesa más que el principio que su gobierno proclama haber hecho bandera.
