Carlos Bonavides, el actor conocido por su papel de Huicho Domínguez, anunció que buscará ser diputado federal por Morena en las elecciones de 2027. La declaración, hecha en entrevista con el conductor Edén Dorantes, no admite demasiados matices: «Yo le busco por todas partes, mi pretensión es ser diputado, voy a ser diputado, voy a ser diputado por Morena», afirmó el actor, quien reconoció que hasta ahora el partido no lo ha buscado y que ni siquiera es militante. La aspiración no es nueva: en 2020 expresó intenciones similares de cara a las elecciones de 2021, aunque en aquel entonces el cargo que buscaba lo obtuvo como concejal de la alcaldía Azcapotzalco, bajo las siglas del PAN, el partido que ahora abandera a sus adversarios políticos. La metamorfosis ideológica de Bonavides es, en sí misma, una radiografía del oportunismo que con frecuencia caracteriza la relación entre el espectáculo y la política mexicana.
El fenómeno no sería preocupante si fuera anecdótico. No lo es. Morena ha construido una práctica sistemática de reclutar figuras del entretenimiento para ocupar escaños, alcaldías y cargos de representación popular, apostando a que la notoriedad pública sustituya la formación política y el compromiso legislativo. Los resultados han sido, en el mejor de los casos, mediocres; en el peor, un insulto a los votantes que depositan su confianza en esas candidaturas.
El caso más reciente y más ilustrativo es el de Sergio Mayer. El actor y exintegrante del grupo Garibaldi llegó a la LXVI Legislatura como diputado federal plurinominal por Morena. A lo largo de su periodo como diputado, concentró su trabajo legislativo en solo ocho intervenciones frente al pleno, presentó cinco iniciativas de ley, de las cuales una fue desechada, una retirada y dos quedaron pendientes de dictaminarse. Además, fue captado aparentemente dormido durante sesiones del Congreso, imágenes que circularon en redes sociales y alimentaron el cuestionamiento público sobre sus prioridades como servidor público. El desenlace fue previsible: en febrero de 2026, Mayer solicitó licencia indefinida para ingresar a «La Casa de los Famosos» en su versión para Estados Unidos, decisión que provocó el descontento público de sus compañeros de bancada y motivó la apertura de un expediente disciplinario por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Fue eliminado del programa a las tres semanas, regresó al Congreso con la imagen deteriorada y en mayo de 2026 presentó su renuncia irrevocable a Morena.
El argumento de Mayer para justificar su salida al reality fue económico: «no hay ninguna otra razón». Un diputado federal que reconoce necesitar el ingreso de un programa de televisión para resolver sus finanzas personales mientras ocupa un cargo de representación popular pone sobre la mesa una pregunta que Morena no ha querido responder: ¿qué criterios se aplican para seleccionar candidatos plurinominales?
El partido podría responder señalando que también hay médicos, maestros e ingenieros en sus listas. Pero la tendencia a colocar figuras del entretenimiento en puestos de elección popular revela una lógica instrumental que subordina la capacidad legislativa a la capacidad de generar votos por reconocimiento. Esa lógica tiene un costo directo: escaños ocupados por legisladores que no legislan, que se ausentan, que priorizan su agenda personal o que simplemente no tienen las herramientas para cumplir con la función para la que fueron electos.
Bonavides, por su parte, es beneficiario de la Pensión del Bienestar, programa que ha defendido con entusiasmo y que recibe, según sus propias palabras, «con mucho orgullo». La defensa de los programas sociales del gobierno es legítima. Lo que resulta cuestionable es que esa defensa, ejercida desde un cargo público remunerado o desde la aspiración a obtenerlo, convierta la lealtad política en el principal mérito de una candidatura.
El Congreso mexicano enfrenta una crisis de credibilidad que no se resuelve con rostros conocidos. Los ciudadanos pagan con sus impuestos los salarios de legisladores que los representan. Tienen derecho a exigir que quienes ocupen esos escaños conozcan los procedimientos legislativos, lean las iniciativas que votan y estén presentes cuando se toman las decisiones que afectan al país. Ninguna de esas exigencias aparece en el currículum de Huicho Domínguez.
