Después de 19 días de plantones, bloqueos, marchas y tensión en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció este sábado 20 de junio la conclusión de la primera etapa de su huelga nacional. El balance de la movilización, realizada en pleno arranque del Mundial 2026, deja más preguntas que certezas y expone una paradoja incómoda: los supuestos beneficiarios del conflicto —los maestros de base y los estudiantes— obtuvieron muy poco; los que sí ganaron fueron los dirigentes sindicales.
El saldo educativo: ninguno
La demanda central de la CNTE era la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el retorno al sistema solidario de pensiones. Esa exigencia sigue sin resolverse. El gobierno federal fue claro desde el inicio en que no cedería en ese punto por razones presupuestales. Tampoco mejoró de manera tangible e inmediata la calidad de la educación que reciben los alumnos de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y los demás estados donde el magisterio disidente tiene presencia. Mientras los maestros marchaban, los niños no tuvieron clases. Nadie rinde cuentas por ese costo.
Los 800 millones: ¿rezago educativo o factura política?
Lo que sí ocurrió fue la firma de una minuta entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), el gobierno de Oaxaca y representantes de la Sección 22 de la CNTE, en la que el gobierno federal se comprometió a otorgar un recurso económico al magisterio oaxaqueño para atender las necesidades educativas y combatir el rezago en la entidad federativa, con un presupuesto total equivalente al otorgado para el ciclo escolar 2025-2026, calculado en aproximadamente 800 millones de pesos. Este acuerdo fue firmado por el secretario de Educación, Mario Delgado; el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y el titular de Educación en la entidad, Emilio Montero.
La coincidencia entre la firma de esa minuta y el levantamiento del plantón es el punto más polémico del episodio. Delgado reiteró que no otorgó este recurso para negociar el fin al paro nacional de los maestros, y aseguró que la SEP tiene recursos para atender el rezago educativo, especialmente de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y son principalmente para atender demandas de maestros, crear plazas y extender las horas de trabajo. Sin embargo, el funcionario no respondió a qué otro estado también rezagado se le otorgara el mismo apoyo, lo que debilita su argumento de que se trata de un proceso ordinario y no de una concesión negociada bajo presión.
La pregunta que circula en redes sociales y que miles de maestros en el resto del país se hacen es directa: si el rezago educativo justifica 800 millones de pesos para los estados donde la CNTE protesta, ¿por qué no se asignan recursos equivalentes a los maestros que cumplen con sus obligaciones sin recurrir a bloqueos? Delgado sostuvo que esos recursos no los tocan los líderes de la coordinadora y que todo se hace con presupuesto de la Secretaría de Educación, sin que ningún peso pase por las manos del sindicato. Pero la transparencia sobre el destino final de esas plazas y contrataciones sigue siendo insuficiente para despejar las dudas.
El gobierno: tardío e impreciso
El manejo del conflicto por parte del gobierno federal exhibió una debilidad estructural: la administración de Claudia Sheinbaum no anticipó la magnitud de la protesta en una coyuntura en la que los ojos del mundo estaban sobre México. El 17 de junio, las secretarías de Gobernación y de Educación informaron que hasta ese día sumaban 50 mesas de trabajo entre autoridades educativas, gobiernos estatales y representantes magisteriales, siendo el único planteamiento sobre el que no había sido posible avanzar la abrogación de la Ley del ISSSTE, argumentando razones de responsabilidad económica y presupuestaria. Tres semanas de interrupción del primer cuadro de la ciudad y de afectación económica a comerciantes y ciudadanos después, la solución llegó justo cuando el Mundial necesitaba calles despejadas.
Los dirigentes: los únicos ganadores
La secretaria general de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez, reconoció que la finalización de esta fase de la huelga no significa un fin a la lucha, sino solo una reorganización, y que las decisiones no son de cúpulas. No obstante, fueron precisamente las cúpulas quienes negociaron y firmaron los acuerdos. La base magisterial recibió la promesa de plazas y contrataciones; la dirigencia, visibilidad política, poder de negociación demostrado y la certeza de que la presión funciona. Los maestros consultados advirtieron que continuarán con su exigencia de abrogar la reforma del ISSSTE y que volverán en cuanto empiece el año electoral, a partir de septiembre.
El precedente peligroso
Lo que este episodio dejó instalado como práctica política es perturbador: protestar en el momento de mayor vulnerabilidad del gobierno rinde frutos económicos, aunque no se obtengan las demandas de fondo. Esa lógica no incentiva el diálogo institucional; incentiva la disrupción calculada. Y si los recursos llegan cuando se bloquean calles, la pregunta que ningún funcionario ha respondido con claridad es qué reciben quienes no las bloquean.
El balón mundialista rodó. Pero, como dijo la propia maestra Yenny Araceli Pérez al cierre del plantón, rodó manchado.
