El fin de semana del 20 de junio, mientras la Copa del Mundo celebraba sus primeros partidos en territorio mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguraba instalaciones educativas en Tijuana, Baja California. Ahí, integrantes de la Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio —jubilados de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad— se manifestaron a su llegada al CBTis 190. El mensaje fue directo: «Queremos, por favor, que nos dé certeza jurídica. Nosotros tenemos nuestros derechos, son íntegramente ganados y legales, trabajamos 25, 30 o más años, somos de las empresas estratégicas del Estado», dijo una mujer a través de la ventanilla del vehículo presidencial. La respuesta de Sheinbaum fue escueta: «Sí, ya se está atendiendo.»
La escena en Tijuana no es un hecho aislado. Pensionados de Pemex y CFE también se manifestaron ante la presidenta en Mérida, Yucatán, en una protesta que se repite en cada gira presidencial por los estados. El patrón revela una tensión acumulada que el discurso oficial no logra disolver.
La reforma y su herida retroactiva
La reforma, impulsada por el gobierno de Sheinbaum para eliminar las llamadas «pensiones doradas», fijó un tope equivalente al 50% del salario de la presidenta —alrededor de 67 mil pesos— a las jubilaciones de personal de confianza de empresas públicas como Pemex, CFE y Banobras, exentando a las Fuerzas Armadas. Según datos de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, 3,504 jubilados percibían más que el salario neto mensual de la presidenta, y el ahorro proyectado con la medida es de alrededor de 5,000 millones de pesos anuales.
El problema no es el objetivo declarado, sino su aplicación. Los jubilados denuncian que los descuentos ya se reflejaron antes de que se emitieran las leyes secundarias que reglamentan la reforma, y que la medida afectó a más personas de las que supuestamente eran el blanco de la iniciativa, con recortes de entre el diez y hasta el sesenta por ciento del ingreso que recibían. La acusación de retroactividad toca un nervio constitucional: los afectados sostienen que la reforma viola el Artículo 14 constitucional, que establece el principio de no retroactividad de las leyes, y presentaron amparos que fueron desechados.
La excepción para las Fuerzas Armadas es, en sí misma, un elemento que genera polémica: si el argumento es la justicia social y la reducción del gasto, la pregunta que circula entre los afectados —y en redes sociales— es por qué unas pensiones elevadas son tolerables y otras no.
El mapa de la protesta
Los jubilados de Pemex y CFE se suman a un conjunto de inconformidades que acompañan a la presidenta en sus recorridos: madres buscadoras que exigen atención a los más de 133 mil desaparecidos, colectivos de la CNTE que apenas levantaron su campamento en la capital tras 19 días de huelga, y grupos locales con conflictos de diversa índole. La propia CNTE señaló que mientras el gobierno afirma que México está de fiesta, afuera están la realidad, las madres buscadoras y miles de desaparecidos que no reciben atención.
Este mapa de protestas tiene una lectura política directa: el discurso presidencial de que todo marcha bien contrasta con la imagen recurrente de ciudadanos que interceptan a la mandataria en cada evento público.
La inauguración que no fue
La presidenta Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera jefa de Estado de un país anfitrión en no asistir al partido inaugural de un Mundial, una decisión que analistas atribuyeron al cálculo político ante el descontento social y el riesgo de recibir una rechifla en un escenario de alta visibilidad internacional. El gobierno presentó la decisión como un gesto de austeridad y cercanía popular, pero la propia presidenta reconoció que su asistencia al Fan Fest del Zócalo dependía de cómo se desarrollaran las protestas de la CNTE y otros grupos.
La narrativa oficial no logró ocultar el cálculo detrás de la decisión. Gobernar un Mundial en casa con protestas en cada gira es, en sí mismo, un indicador de las tensiones que el gobierno de Sheinbaum deberá administrar en los meses que quedan antes del año electoral.
