En México, las elecciones de 2027 aún no comienzan formalmente, pero la campaña ya está en marcha. Esa es la paradoja que define el momento político actual: mientras el calendario electoral marca que los procesos internos de los partidos arrancan legalmente hasta inicios del año próximo, la realidad en las calles, en las redes sociales y en los medios de comunicación cuenta una historia distinta. Y el árbitro, el Instituto Nacional Electoral, observa el partido sin pitar.
Las autoridades electorales han acumulado 188 quejas o denuncias en 11 entidades por actos anticipados de campaña vinculados al proceso electoral 2026-2027. La cifra no es menor: refleja una práctica extendida, sistemática y, hasta ahora, impune. El INE ha detectado propaganda de aspirantes a cargos de elección en 27 estados del país. Es decir, la precampaña encubierta está presente en prácticamente toda la República, mucho antes de que ningún partido haya registrado formalmente a un solo candidato.
El elemento más polémico y revelador no proviene de los partidos infractores, sino del propio INE. El consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, ha insistido desde marzo en que el instituto emita lineamientos para vigilar los procesos internos de los partidos, al menos en temas de fiscalización y uso de tiempos en radio y televisión, y advirtió ante el Consejo General que el INE está siendo un árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho tiempo. La frase, pronunciada por un consejero en activo sobre su propia institución, es una autocrítica institucional sin precedente reciente y constituye, en sí misma, una señal de alarma para la democracia mexicana.
La parálisis no es accidental. La propuesta de lineamientos presentada por Castillo fue rechazada por ocho de los once consejeros, entre ellos la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con el argumento de que ese tipo de normas corresponde emitirlas al Congreso y no al instituto. El argumento puede tener sustento jurídico, pero políticamente produce un efecto devastador: mientras los partidos, encabezados por Morena, el PVEM y el PT, ya registran aspirantes bajo la figura de «coordinadores de comités de la 4T» —denominación diseñada explícitamente para evadir la legislación electoral— el árbitro electoral debate si tiene o no facultades para intervenir.
El lunes 22 de junio, Morena, PVEM y PT arrancarían el registro de quienes buscan candidaturas a las 17 gubernaturas en disputa, con seis meses de anticipación respecto al calendario legal, precisamente bajo la figura de «coordinadores» que elude la definición jurídica de candidatos. El eufemismo es transparente, pero eficaz: si no se llaman candidatos, argumentan, no aplican las restricciones electorales.
Las consecuencias de esta parálisis son concretas. Las medidas cautelares que el INE puede aplicar actualmente solo permiten ordenar que se retire un anuncio, una publicación o un mensaje en redes sociales, sin posibilidad de revisar el fondo de los gastos ni la estrategia política de fondo. En la práctica, el infractor retira el contenido denunciado y lo sustituye por otro en cuestión de horas. La sanción es cosmética.
Lo que está en juego es la equidad de la contienda. Cuando un partido con acceso al gobierno federal y a 21 de las 32 gubernaturas puede iniciar su campaña con meses de ventaja sobre la oposición, financiar actividades de posicionamiento sin fiscalización efectiva y ocupar tiempos en medios sin contabilizar ese gasto, la competencia electoral pierde su condición de equidad. El propio INE decidió retirar una vista a la Fiscalía General de la República contra Morena por presuntas irregularidades en financiamiento, con ocho consejeros votando a favor de proteger al partido gobernante. La acumulación de decisiones a favor del partido en el poder alimenta la percepción, legítima o no, de que el INE reformado ha perdido su independencia.
El 2027 llegará. La pregunta es si llegará con reglas.
