El viernes 5 de abril se convirtió en un día clave que marcó un nuevo capítulo en el creciente conflicto entre Ecuador y México, culminando en la invasión de la Embajada de México en Quito por parte de fuerzas policiales ecuatorianas. El motivo: la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción y refugiado político en la sede diplomática mexicana desde diciembre pasado.
El origen de este conflicto se remonta a la sentencia de seis años de cárcel dictada contra Jorge Glas por su participación en la trama de corrupción relacionada con los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. La Fiscalía ecuatoriana lo acusó de recibir sobornos por un valor de 13.5 millones de dólares para adjudicar contratos de obra mientras se desempeñaba como ministro de Sectores Estratégicos en el gobierno de Rafael Correa.
Un domingo de diciembre del año pasado, Jorge Glas logró ingresar a la Embajada de México en Quito, encontrando refugio, gracias a que por «casualidad» había personal que sin ser día laborable se encontraba en la embajada y le abrió las puertas, bajo el amparo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha mostrado una inclinación por proteger a políticos fugitivos acusados por diversos crímenes que bajo su particular concepción de «perseguidos políticos» son recibidos con los brazos abiertos en México.
El conflicto escaló, gracias a las constantes provocaciones injerencistas de López Obrador contra el gobierno ecuatoriano, lo que obligó que Ecuador declarara persona non grata a la embajadora de México en Quito.
Como respuesta el gobierno de México cambió el estatus de Jorge Glas de «huésped» al de «refugiado político» y solicito al gobierno ecuatoriano un salvoconducto para que Jorge Glas pudiera abandonar Ecuador acompañado de la embajadora mexicana.
Ecuador decidió invadir la embajada mexicana en un intento de detener a Jorge Glas. López Obrador estalló ordenando el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador y anunció su intención de denunciar al país sudamericano ante la Corte Internacional de Justicia.
La invasión de la embajada mexicana en Quito fue un acto que generó condena internacional, ya que viola el derecho internacional y la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Roberto Canseco, encargado de la embajada mexicana en Ecuador, fue reducido por las fuerzas policiales ecuatorianas mientras intentaba impedir la detención de Glas.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenó la invasión a través de sus redes sociales y calificó el hecho como una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador y la pronta salida del personal diplomático mexicano del país sudamericano.
La postura de los candidatos presidenciales mexicanos fue unánime en solidaridad con el gobierno de López Obrador, condenando la invasión ecuatoriana como un atentado contra la soberanía mexicana. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano justificó su acción en el marco del cumplimiento de la ley y la lucha contra la impunidad.
Sobre lo ocurrido en la Embajada Mexicana en Ecuador:
Se puede o no estar de acuerdo con la impartición de la justicia en otros países, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables.
— Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 6, 2024
Este conflicto diplomático entre México y Ecuador plantea serias interrogantes sobre el respeto al derecho internacional y la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, así como sobre el papel de los países en la protección de los perseguidos políticos. Pero también pone sobre la mesa las acciones injerencistas de los gobiernos que convierten a criminales en perseguidos políticos. La Corte Internacional de Justicia será el escenario donde se diriman las responsabilidades y consecuencias de esta crisis diplomática de proporciones internacionales.
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