La consulta popular fue prevista como un ejercicio soberano a efecto de que el ciudadano tuviese la oportunidad de participar en decisiones trascedentes más allá de los procesos electorales, en la medida que ese ejercicio fortaleciera la cultura democrática del país, propiciara el debate, la reflexión y a su vez, tuviese carácter vinculante con los poderes legislativo y ejecutivo, si acuden a las urnas un porcentaje mínimo del cuarenta por ciento del padrón.
Es muy lamentable que se inaugure ese mecanismo a través de un cuestionamiento ambiguo, amañado y perverso, pues la pregunta, además de ser un galimatías, carece de efectos prácticos. La intención, según ha proclamado el titular del Poder Ejecutivo, consiste en determinar si aplica o no la ley, en contra de los expresidentes que tengan cuentas pendientes con la justicia, aspecto que no puede ser motivo de una consulta, sino de cumplir con una obligación inherente al cargo.
No obstante, lo anterior, el meollo del asunto tiene una connotación de naturaleza diferente a un acto de justicia, desde su arribo al poder se ha convertido en el juez supremo, deslegitimando a cualquier adversario, sus acciones han sido encaminadas a destruir a sus opositores y a confrontar a la sociedad.
Los resultados de la consulta son previsibles, la escasa participación ciudadana, no alcanza el porcentaje para hacerla vinculante, inclusive el INE solamente instaló 57,000 mesas receptoras, frente a las 163,000 de la pasada elección, indicador inequívoco de que se trata de una verdadera farsa y no de un ejercicio democrático sobre aspectos trascedentes y relevantes de la Nación.
Aun así, poco le interesa el número de personas participantes, lo que realmente busca, aunque sea en su mínima expresión, es una base social que le sirva de plataforma para enjuiciar y descalificar a la oposición en su conjunto.
En ese entorno, lo que debiera ser un ejercicio democrático y soberano como fue concebida la consulta popular, la abarata y desconceptualiza, utilizándola en carácter de maniobra política como clara estrategia para combatir a quienes considera sus adversarios y no propiamente para beneficio del país, sino con afanes intimidantes.
El debate sobre la consulta nunca se dio con relación al enjuiciamiento de los expresidentes, lo que ni siquiera es motivo de la consulta, sino que fue en relación con la pertinencia de ésta, pues la pregunta no contiene ese elemento y, por otra parte, tampoco es motivo de consulta ese aspecto, es decir, nuevamente las formas engañosas de conducir al país, tal como lo hizo en su momento con Juanito y Clara Brugada en Iztapalapa, vota por uno para que quede otro.
Esta etapa nos envuelve nuevamente en una espiral de inusitadas experiencias, difíciles de comparar ante la inexistencia de antecedentes en el país, podemos explicar su peculiar lógica, pero de ninguna manera su actitud antidemocrática y el desdén al estado de derecho.
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