Una pregunta recorre la conversación pública mexicana con insistencia creciente: ¿por qué es Morena, y no otras fuerzas políticas, la que sistemáticamente impulsa marcos regulatorios que terminan tocando —directa o indirectamente— la libertad de expresión? La respuesta no es monocausal, pero los hechos recientes ofrecen materia suficiente para el análisis crítico, sin caer en el simplismo de la conspiración ni en la complacencia de negar el patrón.
El caso más reciente y documentado es el de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentados el 28 de julio de 2026 por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y que buscan armonizar el marco jurídico para proteger el derecho a la información veraz mediante un proceso de autorregulación en el que cada medio designa a su propio defensor de audiencias. El anteproyecto, en consulta pública hasta el 21 de agosto, contempla multas y sanciones contra concesionarios de radio y televisión como última instancia, cuando un medio desatienda las recomendaciones de su defensoría.
El propio coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, rechazó que se trate de un acto de censura y afirmó no estar de acuerdo con sancionar a los medios, aunque sí con que la ley se respete. La presidenta Claudia Sheinbaum fue igualmente enfática al sostener que no habrá censura y que el esquema surgió del diálogo con la propia industria. Y no toda voz académica coincide con la alarma opositora: el investigador Raúl Trejo Delarbre negó que el proyecto, en su redacción actual, faculte a las autoridades para sancionar contenidos periodísticos o censurar opiniones.
Sin embargo, el contrapeso institucional resulta elocuente. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión advirtió que el proyecto permite al gobierno definir qué información puede catalogarse como falsa o descontextualizada, desvirtuando los mecanismos de autorregulación y subordinando al defensor de audiencias frente a la autoridad. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, JUFED, y Artículo 19 coincidieron en que el diseño abre la puerta a mecanismos de censura institucionalizada, mientras que su director, Leopoldo Maldonado, planteó la pregunta de fondo: quién decidirá qué es verdad o falso si persisten disposiciones vagas para que el gobierno imponga sanciones a contenidos periodísticos.
Este episodio no es aislado. Meses antes, una iniciativa de un legislador morenista propuso penas de prisión por la difusión de memes generados con inteligencia artificial, propuesta que organizaciones civiles calificaron como innecesaria, pues el sistema jurídico mexicano ya contempla mecanismos para restringir expresiones extremas mediante figuras como la violencia política de género, el daño moral o la Ley Olimpia, sin necesidad de crear nuevas categorías penales sobre contenido digital. En paralelo, el Senado avanza en una Ley Nacional de Inteligencia Artificial que, si bien atiende un problema genuino —la violencia digital facilitada por deepfakes sexuales, que afecta desproporcionadamente a mujeres, menores de edad y a la población LGBTTTIQ+—, también contempla sanciones penales cuya frontera con la crítica política satírica no siempre queda clara.
Aquí radica la contradicción central que merece ser señalada: el gobierno insiste en que cada iniciativa responde a una necesidad legítima —proteger a las audiencias, proteger a las mujeres de la violencia digital, proteger la veracidad informativa—, y en cada caso existe, en efecto, un problema real detrás. Pero la reiteración del patrón, la ambigüedad reglamentaria y el contexto de tensión entre el Ejecutivo y la prensa crítica alimentan una sospecha que no nace del vacío, sino de la experiencia acumulada de un sexenio en el que espacios periodísticos se han cerrado y usuarios de redes han enfrentado consecuencias legales por su expresión. No se trata de negar la legitimidad de combatir la violencia digital o la desinformación, sino de exigir que los instrumentos jurídicos diseñados para ello no terminen siendo, en la práctica, la puerta de entrada a un control discrecional del discurso público.
¿Puede una democracia sostenerse si quien regula la verdad es el mismo poder que se beneficia de que ciertas verdades no se digan?
