La evasión de la normativa electoral por parte de los partidos políticos en México no es una anomalía del sistema; es una característica de su diseño. Quienes redactan las leyes son los mismos militantes de las fuerzas políticas que, con calculada previsión, construyen los vacíos legales por los cuales ingresarán después para evitar las sanciones. Se trata de una sofisticada arquitectura jurídica que diseña la norma y, simultáneamente, la estrategia para eludirla.
Bajo esta lógica, el tránsito de antiguos consejeros electorales hacia las filas partidistas deja de ser una casualidad para convertirse en una tendencia sistemática. Este fenómeno de «puertas giratorias» no es nuevo. Los antecedentes se remontan a figuras como Santiago Creel, Arturo Sánchez, Juan Molinar Horcasitas y Alonso Lujambio, quienes tras su paso por la autoridad electoral se incorporaron al Partido Acción Nacional (PAN) para ocupar escaños legislativos, asesorías clave o altos cargos en el servicio público.
La historia se repite en el escenario contemporáneo. En la actualidad, el exconsejero Marco Antonio Baños opera como representante de la organización Somos México ante el Instituto Nacional Electoral (INE). En ese mismo espacio político participó activamente Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del instituto, durante el proceso para la obtención del registro legal como partido político.
El reclutamiento de antiguos árbitros por parte de las diversas fuerzas políticas exige una revisión minuciosa y crítica. La preocupación central no radica únicamente en el acceso a información privilegiada que estas personas poseían al abandonar sus cargos. El verdadero activo que aportan a las estructuras partidistas es su profundo conocimiento del funcionamiento interno de la autoridad electoral, sus redes de relaciones y la capacidad de utilizar esa experiencia operativa en beneficio exclusivo de un instituto político.
Las estrategias actuales confirman este diagnóstico de simulación generalizada. Los procesos implementados por Morena para designar a los denominados “Coordinadores de Defensa de la Transformación”, las figuras de los “Defensores de México” en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), o los “Coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad” en el PAN, no son más que mecanismos para anticipar las campañas electorales y la definición de candidaturas fuera de los tiempos legales. Mientras tanto, el INE retrasa la creación de un mecanismo eficaz para fiscalizar estas actividades en marcha, lo que ha provocado divisiones profundas y posturas encontradas entre los propios consejeros electorales.
La ambición desbordada de la militancia por asegurar candidaturas satura la capacidad operativa del árbitro electoral. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, anunció que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidatura —próxima a constituirse— deberá revisar aproximadamente 800 mil consultas partidistas sobre los perfiles para todos los cargos federales y locales en disputa. Todo este despliegue ocurre a menos de un año de la jornada electoral del 7 de junio de 2027.
Los partidos políticos y sus aspirantes actúan con la certeza de que las consecuencias jurídicas serán inexistentes o mínimas. Saben que la legislación electoral es maleable porque cuentan con los mejores asesores: los mismos que ayudaron a construir el entramado institucional. La antigua fábula de la liebre y la tortuga cobra un sentido cínico en la política actual; en esta versión, la liebre se integró a los partidos para enseñarles exactamente cómo burlar el paso del árbitro.
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