El 29 de abril de 2026 marcó un antes y un después en la relación entre México y Estados Unidos, y en la vida interna del partido gobernante. Por primera vez en la historia, el Departamento de Justicia estadounidense imputó y solicitó la extradición de un gobernador mexicano en funciones: Rubén Rocha Moya, mandatario de Sinaloa y militante de Morena, acusado junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de presuntos nexos con Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. La acusación, emanada de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, señala que Rocha Moya y sus colaboradores habrían protegido operaciones de narcotráfico, facilitado el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y recibido sobornos a cambio de apoyo institucional. Entre los señalados figura también Enrique Inzunza Cázarez, actual senador por Morena y exsecretario general del gobierno de Sinaloa.
Lo que parecía un caso aislado se convirtió, apenas cinco semanas después, en una crisis sistémica. Un reporte del Los Angeles Timesx reveló que las autoridades estadounidenses investigan también a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos del partido gobernante, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Durazo, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de López Obrador, es considerado uno de los funcionarios de mayor perfil entre los investigados. Sonora es, además, una de las principales rutas de tránsito para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La investigación sobre Villarreal, por su parte, estaría relacionada con el huachicol y el robo de combustible.
La estrategia de Washington y sus lecturas encontradas
La administración de Donald Trump ha pasado de perseguir líderes criminales a apuntar directamente a funcionarios electos. Miembros de la administración Trump insisten en que este enfoque es necesario porque el narcotráfico depende en gran medida de los funcionarios que lo protegen. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, en cambio, las acusaciones constituyen injerencia en los asuntos internos del país. La mandataria ha calificado las investigaciones de intento de influir en los procesos electorales de México. La pregunta que divide a analistas, legisladores y ciudadanos es si Washington actúa movido por genuina preocupación en materia de seguridad o si instrumentaliza la justicia como herramienta de presión geopolítica.
Ambas lecturas tienen sustento. Que el Departamento de Justicia haga públicas sus acusaciones en los meses previos a una elección intermedia de enorme trascendencia para México no parece, en ningún caso, casualidad.
El terremoto interno de Morena
Las implicaciones hacia el interior del partido gobernante son, quizás, más profundas que las diplomáticas. La acusación del Departamento de Justicia ya ha comenzado a provocar efectos dentro de Morena. Según un reporte de Reuters, el caso Rocha Moya estaría generando una fuerte división interna entre grupos de poder con visiones opuestas: por un lado, figuras cercanas al expresidente López Obrador; por otro, dirigentes más jóvenes encabezados por Ariadna Montiel.
El problema estructural no es menor. Solo un tercio de los actuales militantes de Morena a nivel nacional y estatal formaron parte de la fundación del partido en 2014; los otros dos tercios tienen un multicolor pasado partidista. En la hora de las definiciones electorales, la fidelidad ideológica es reemplazada por el cálculo de supervivencia. La construcción de candidaturas para 2027 no será una simple maniobra electoral, sino un complejo proceso de negociación territorial sujeto a presiones simultáneas internas y externas. Para el grupo gobernante, asegurar gubernaturas afines implica articular un entramado político viable tanto frente a redes criminales locales como frente al escrutinio estadounidense.
Las elecciones de 2027: el verdadero campo de batalla
En 2027 se disputará la totalidad de la Cámara de Diputados —donde Morena ostenta actualmente la mayoría— además de 17 gobernaciones. Según analistas, Sheinbaum debe elegir cuidadosamente a los candidatos que respalda, ya que apoyar a figuras en la mira de Washington podría desestabilizar las elecciones y poner en peligro la mayoría de su partido.
El espectro del PRD ronda la discusión pública. Ese partido, otrora poderoso, se diluyó en Morena y acabó por desaparecer como fuerza electoral relevante, víctima de su propia fragmentación interna. Quienes advierten sobre una debacle similar para Morena señalan que las acusaciones estadounidenses, de multiplicarse y hacerse más públicas conforme avancen los juicios, podrían precipitar una oleada de deserciones hacia Movimiento Ciudadano u opciones emergentes. Sin embargo, los datos actuales ofrecen un contrapunto que incomoda a la oposición.
La más reciente encuesta nacional de Buendía & Márquez para El Universal revela que, si hoy fueran las elecciones para la Cámara de Diputados, el 39% votaría por Morena —cinco puntos más que en febrero pasado— mientras que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano se ubican en 11%, 10% y 9%, respectivamente. Los escándalos de narcotráfico, al menos por ahora, no han erosionado las preferencias electorales del partido gobernante.
Esto tiene una explicación que la oposición ha sido incapaz de capitalizar. El PAN careció de un liderazgo nacional capaz de aprovechar el escándalo de Rocha; el PRI enfrenta sus propias contradicciones, y el PRD simplemente ya no existe. La ausencia de una alternativa creíble opera como salvavidas involuntario para Morena.
El riesgo real: la acumulación de evidencia
El verdadero peligro para el partido gobernante no reside tanto en las acusaciones actuales como en lo que los procesos judiciales en Estados Unidos podrían revelar en los próximos meses. Los juicios federales en Nueva York son procesos abiertos donde la evidencia se ventila públicamente. Si las pruebas vinculan a más funcionarios —secretarios de Estado, alcaldes, legisladores y exfuncionarios— el escenario cambia radicalmente. La diferencia entre una acusación y la presentación de pruebas documentales en una corte estadounidense es la diferencia entre el rumor político y el hecho jurídico. Morena puede sobrevivir el primero. El segundo es otra historia.
