La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este martes 23 de junio su rechazo al nepotismo en cargos de elección popular. La mandataria recordó que fue ella quien impulsó una propuesta para establecer en la Constitución restricciones a la sucesión familiar en cargos públicos, con el objetivo de evitar que el poder se concentre en grupos políticos ligados por parentesco, señalando que su iniciativa contemplaba impedir que familiares hasta en cuarto grado pudieran competir para suceder de manera inmediata a quien ocupa un puesto de elección.
El posicionamiento no es casual. Las declaraciones ocurren luego de que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunciara que su esposa, Ruth González Silva, senadora del Partido Verde Ecologista de México, podría competir por la gubernatura del estado. Casos similares se presentan en Zacatecas, con la familia Monreal, y en Guerrero, donde se ha mencionado la posibilidad de que familiares del senador Félix Salgado Macedonio busquen cargos de elección popular.
La postura de la presidenta tiene, sin embargo, un alcance deliberadamente acotado que no ha pasado inadvertido para analistas y organizaciones civiles. La iniciativa de Sheinbaum no considera los casos de redes familiares que ocupan varias posiciones en la función pública. Por ejemplo, no contempla casos como el de la familia Batres, que tiene presencia en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial: Martí Batres fue jefe de Gobierno de la capital y ahora ocupa el cargo de director general del ISSSTE; Valentina se desempeña como diputada local de la Ciudad de México, y Lenia es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La distinción entre nepotismo electoral y nepotismo administrativo es, para sus críticos, la grieta más visible del discurso presidencial. El nepotismo ya está prohibido y tipificado como falta grave tanto en la Ley Federal de Austeridad Republicana como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El problema es que en ambas normativas la prohibición está circunscrita a las contrataciones de familiares en la misma dependencia en que el servidor público ejerce sus funciones, y su aplicación es limitada.
La práctica del intercambio cruzado de favores —contratar al familiar de un colega a cambio de que ese colega contrate al propio— opera precisamente en ese vacío legal. De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, en el 60% de los municipios analizados hay al menos un familiar directo del alcalde ocupando un cargo de primer nivel. A nivel judicial, la magnitud fue igualmente documentada: un informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que al menos 500 jueces y magistrados emplean a familiares en sus tribunales, impactando a más de 7,000 servidores públicos en 31 circuitos judiciales del país.
En el Congreso tampoco el fenómeno es ajeno. En Veracruz se han identificado casos de nepotismo en la legislatura local, entre ellos el de la diputada de Morena Victoria Gutiérrez Pérez, cuya hija fue contratada como asistente legislativa, además de los casos de otros legisladores con familiares en la nómina del Congreso local.
Según el análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la reforma impulsada por Sheinbaum habría podido afectar, en el mejor de los casos, a apenas el 1.5% de los gobernadores que han ejercido el poder desde el año 2000. Más que una solución estructural, sus críticos la califican como una acción de alcance simbólico.
Para los defensores de la iniciativa, el argumento es diferente: ninguna reforma parte de cero, y establecer el principio de no sucesión familiar en la Constitución es un avance que sienta precedente. Sheinbaum precisó que, aunque la reforma contra el nepotismo electoral será obligatoria a nivel nacional hasta 2030, en Morena su aplicación está prevista desde la elección de 2027, conforme a sus normas internas.
El debate de fondo, sin embargo, apunta a una asimetría difícil de ignorar: la presidenta combate con energía el nepotismo que se ve —el de las candidaturas y las sucesiones familiares visibles— y guarda silencio sobre el que opera desde adentro de la administración pública, donde un 73% de los ciudadanos mexicanos cree que la contratación de servidores públicos está influenciada por conexiones personales en lugar de méritos, según datos de la OCDE. Mientras no existan mecanismos de vigilancia con autonomía real, un padrón obligatorio de relaciones familiares de los funcionarios y sanciones efectivas, el discurso antinepotismo seguirá siendo, en buena medida, un ejercicio de apariencias.
