La renuncia de Ulises Lara López a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, presentada apenas el martes pasado bajo el argumento de «motivos personales», ha destapado en menos de una semana uno de los episodios más delicados para el gobierno de Claudia Sheinbaum: la posibilidad de que un funcionario de primer nivel dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) haya operado durante años como informante de agencias de inteligencia estadounidenses.
Según reveló el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, Lara —colaborador de mayor confianza de la fiscal Ernestina Godoy desde su etapa conjunta en la Fiscalía capitalina— fue objeto de un operativo interno de contrainteligencia iniciado tras su llegada a la FGR en enero, motivado por lo que el columnista describe como su «oscuro pasado». El resultado, de acuerdo con esta versión, incluyó hallazgos sobre presuntos vínculos con extorsión y con redes de huachicol fiscal, además de la colaboración con inteligencia estadounidense. La salida de Lara ocurrió, según distintos reportes periodísticos, un día después de la liberación de un presunto integrante de una célula del Cártel del Noreste, coincidencia que ha sido interpretada por algunos analistas como parte de un mismo entramado, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de estos señalamientos ni pronunciamiento público de la propia FGR que los sustente o los desmienta.
El caso se suma a un historial que en los últimos meses ha erosionado la narrativa de disciplina institucional que Morena buscó proyectar desde su fundación. El antecedente más grave es el de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, contra quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en abril cargos formales, junto con otros nueve funcionarios, por presuntamente facilitar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos. A ese expediente se añadieron en junio las revelaciones de Los Angeles Times sobre investigaciones abiertas contra los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos con las visas estadounidenses canceladas: al primero se le vincula con rutas de narcotráfico y al segundo con el contrabando de combustible. Ambos mandatarios han negado categóricamente cualquier irregularidad.
A esta lista se agrega el escándalo que rodea a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien según reportes periodísticos ofreció aportar información al FBI en medio de las pesquisas relacionadas con el entorno de Emilio Lozoya, luego de la detención de su hermana Gilda Lozoya. Las versiones sobre una posible ampliación de estas indagatorias hacia los gobiernos de Michoacán persisten en el debate público, aunque sin que exista, hasta ahora, evidencia documentada que las confirme con el mismo nivel de detalle que en los casos de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
El patrón que emerge no es menor: se trata de funcionarios que llegaron a cargos de primer nivel sin que, aparentemente, existieran filtros suficientes para detectar antecedentes problemáticos o vínculos de riesgo antes de su nombramiento. Para los críticos de Morena, este cúmulo de casos confirma una falla estructural en los mecanismos de selección de cuadros del partido gobernante. Para sus defensores, en cambio, se trata de una ofensiva orquestada desde Washington —particularmente desde la administración de Donald Trump, que ha designado a los cárteles como organizaciones terroristas— con fines de presión política de cara a las elecciones intermedias mexicanas de 2027, interpretación que la propia presidenta Sheinbaum ha planteado públicamente al cuestionar si las investigaciones responden a un interés genuino contra el crimen organizado o a una estrategia electoral de la ultraderecha estadounidense.
Ambas lecturas conviven sin excluirse necesariamente: es posible que existan fallas reales de control interno en Morena y, simultáneamente, que Washington instrumentalice esas fallas con fines de política exterior. Lo que resulta indiscutible es el costo político: cada nuevo señalamiento, confirmado o no judicialmente, alimenta la percepción de que el partido en el poder no ha logrado blindar sus filas frente al crimen organizado, un desafío que trasciende la coyuntura y pondrá a prueba la capacidad de Morena para reconstruir la responsabilidad institucional que hasta ahora ha lucido insuficiente.
