En el curso de apenas doce meses, al menos cinco gobernadores emanados de Morena han quedado atrapados en el cruce de fuego entre la justicia estadounidense y las sospechas de complicidad con el crimen organizado. El mapa del escándalo abarca desde la frontera noroeste hasta el Golfo de México, y la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha seguido un guión previsible: refugiarse en el discurso de la soberanía nacional en lugar de confrontar con firmeza las acusaciones que salpican a miembros de su propio partido.
El expediente se abre en Baja California. El 10 de mayo de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la de su esposo, Carlos Torres Torres, en lo que la propia mandataria calificó como una decisión administrativa sin explicación oficial. «No hay acusación, no hay delito, no hay falta que perseguir», declaró flanqueada por su gabinete, sin permitir preguntas de la prensa. Sin embargo, investigaciones periodísticas vincularon la medida con el presunto intento de Ávila de detener excavaciones en una fosa clandestina en Tijuana, así como con investigaciones abiertas en México y Estados Unidos contra su esposo por lavado de dinero, robo de combustible y corrupción. Para mayor complejidad, el exgobernador Jaime Bonilla la acusó directamente de ser cómplice del crimen organizado, señalamiento que la gobernadora rechazó pero que alimentó la narrativa que la rodeaba. A más de un año del incidente, el proceso para recuperar su visa continúa sin resolverse.
El caso más grave es el de Sinaloa. El 29 de abril de 2026, fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York presentaron cargos formales contra Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de su administración, acusándoles de colaborar con los Chapitos —la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán— para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en territorio estadounidense a cambio de millones de dólares en sobornos. La acusación señala que desde la campaña electoral de 2021, miembros del cártel sustrajeron urnas e intimidaron a rivales para asegurar la victoria de Rocha Moya. Este parece ser el primer caso en que fiscales estadounidenses acusan formalmente a un gobernador mexicano en funciones, lo que lo convierte, según analistas de InSight Crime, en un movimiento de alto valor simbólico que evidencia lo que llaman «gobernanza criminal híbrida»: la difuminación de fronteras entre crimen organizado y política local. El 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia al cargo. La Fiscalía General de la República (FGR) revisa la solicitud de extradición, pero hasta ahora alega falta de pruebas suficientes para proceder.
La onda expansiva alcanzó este mismo miércoles 3 de junio a dos gobernadores más. El diario Los Angeles Times, en colaboración con Puente News Collaborative, reveló que el gobierno de Estados Unidos investiga a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, por presuntos vínculos con el crimen organizado, y a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, por contrabando de hidrocarburo —el llamado huachicol— así como por posibles nexos con el Cártel del Noreste. Ambos habrían visto canceladas sus visas, pero ingresan a territorio estadounidense bajo el programa conocido como Significant Public Benefit Parole, un mecanismo reservado típicamente para personas que colaboran con autoridades como testigos o informantes ante un gran jurado. La implicación es de enorme peso político: si estos gobernadores están cooperando con fiscales estadounidenses, es que tienen información que ofrecer —información que, de salir a la luz, podría escalar el escándalo de manera impredecible. El gobierno de Sonora negó categóricamente la información, mientras que Villarreal rechazó los señalamientos calificándolos de falsos. Adicionalmente, se especula que Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, también se encontraría en la mira del Departamento de Justicia.
El patrón que emerge es estructural, no anecdótico. No se trata de un gobernador que tomó una mala decisión aislada, sino de un fenómeno que atraviesa al menos cinco entidades federativas gobernadas por Morena en distintas regiones del país. La pregunta que el poder político mexicano evita responder es si existe una dinámica sistémica de permisividad o de cooptación entre ciertos cuadros del partido gobernante y el crimen organizado.
La respuesta de Sheinbaum ha sido políticamente calculada, pero analíticamente insuficiente. Desde el Monumento a la Revolución, la presidenta declaró que «vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México», y preguntó retóricamente si los intereses estadounidenses son legítimos o si la ultraderecha de ese país utiliza a México para posicionarse rumbo a sus elecciones. Cooperación, dijo, «no significa subordinación». El embajador estadounidense Ronald Johnson respondió en redes sociales con un llamado a la unidad: «La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos». El choque diplomático es real, pero Sheinbaum incurre en una omisión grave: denunciar la posible instrumentalización política de las investigaciones no puede sustituir a una respuesta institucional clara sobre las acusaciones concretas contra sus correligionarios.
La tensión entre soberanía y responsabilidad es el nudo político del momento. México tiene razones históricas para desconfiar de las intenciones de Washington y para rechazar cualquier forma de intervención unilateral en su territorio. Pero invocar la soberanía cuando los propios gobernadores de un partido son señalados de facilitar el tráfico de drogas que mata a decenas de miles de estadounidenses al año —y que también destruye comunidades mexicanas— convierte un principio legítimo en una pantalla de protección para la impunidad. La soberanía no es inmunidad; es responsabilidad de gobernar con apego a la ley.
El costo político para Morena de cara a las elecciones de 2027 será difícil de calcular, pero la narrativa ya está instalada en la opinión pública: el partido que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción enfrenta la acusación de haber permitido —o no impedido— que algunos de sus gobernadores operaran en la zona gris entre el Estado y el narco. Que esa acusación provenga de Washington y no de las instituciones mexicanas dice tanto sobre el poder corruptor del crimen organizado como sobre la fragilidad del Estado de derecho en México.
