Un audio dado a conocer este 22 de junio por el columnista de El Universal Héctor de Mauleón ha colocado a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el centro de una crisis política de proporciones que trascienden lo estatal. La grabación, confirmada como verídica por la propia mandataria bajacaliforniana, muestra a Ávila en conversación con intermediarios que se identifican como asesores externos del FBI, quienes le ofrecen reunirse con ella y con sus abogados en las instalaciones del consulado de Estados Unidos en Tijuana para ayudarla con las «sanciones y cargos» que el gobierno estadounidense podría presentar en breve en su contra.
La secuencia de los hechos es relevante. En mayo de 2025, Estados Unidos revocó la visa tanto a la gobernadora como a su esposo, Carlos Torres Torres, a quien las agencias de seguridad estadounidenses acusan de ser el engranaje que permitía a Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa, operar abiertamente en Baja California, recibiendo presuntamente 9 millones de pesos mensuales a cambio de permitir las actividades de ese grupo criminal. La gobernadora respondió entonces con la narrativa oficial de Morena: tranquilidad pública, acusaciones de injerencismo y respaldo explícito de la presidenta Claudia Sheinbaum. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, comunicó su sorpresa ante el apoyo presidencial a Ávila, ya que con bastante antelación se le había avisado a Palacio Nacional de lo que venía.
Lo que el audio revela es la distancia entre el discurso y la conducta privada. En la grabación, la gobernadora afirma querer «resolver eso y aclarar cualquier cosa» a través de su abogado, Michael Nadler, exfiscal federal estadounidense a cargo del caso contra Alex Saab, prestanombres de Nicolás Maduro, y que busca al letrado específicamente porque estaba «alejado de Baja California para que no fuera a filtrarse». El perfil del abogado elegido no es menor: Nadler es un especialista en casos de lavado de dinero y crimen organizado de alto perfil, con honorarios que la propia columna de De Mauleón describe como considerables. Nadie contrata ese tipo de representación legal para gestionar «trámites administrativos».
La contradicción política que emerge es demoledora para Morena. El partido y sus figuras más visibles han sostenido sistemáticamente que las acusaciones estadounidenses contra funcionarios mexicanos son injerencismo, presión política ilegítima o instrumento de Washington para debilitar a gobiernos soberanos. Esa narrativa difícilmente sobrevive cuando una gobernadora del mismo partido negocia privadamente con las agencias que, según ese discurso oficial, solo buscan desestabilizar a México. Si las acusaciones fueran políticamente motivadas y jurídicamente vacías, no habría nada que negociar ni abogados especializados en crimen organizado que contratar.
La gobernadora ha buscado matizar el daño. Declaró que la llamada se dio a través de un tercero que se ofreció como intermediario, que actualmente no cuenta con los servicios del asesor mencionado, y que la supuesta reunión nunca ocurrió. Sin embargo, la existencia de la llamada, el contenido de la conversación y la elección del abogado son hechos que no desmiente: solo los reencuadra.
El episodio plantea interrogantes que Morena no ha respondido. ¿Con qué recursos contrató Ávila a uno de los despachos más costosos de Miami? ¿Cuándo y cómo informó la presidenta Sheinbaum de la gravedad real de la situación, si el embajador estadounidense le comunicó la magnitud del caso con anticipación? ¿Cuál es la posición institucional del gobierno federal ante posibles cargos formales contra una gobernadora en funciones?
El audio no prueba delitos: eso corresponde a las autoridades competentes. Pero sí prueba algo políticamente equivalente de grave: que la versión oficial de Morena sobre las presiones estadounidenses a sus cuadros no coincide con la conducta real de quienes las enfrentan. Esa brecha entre discurso y comportamiento privado tiene un costo que la dirigencia nacional del partido todavía no ha cuantificado.
