El miércoles 4 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum subió a la tribuna de su conferencia matutina para pronunciar una de las afirmaciones más categóricas —y potencialmente más costosas— de su administración. Aseguró que es «falso de toda falsedad» que Morena tenga integrantes vinculados al crimen organizado, e insistió en que se trata de una campaña de la ultraderecha mexicana, vinculada a la ultraderecha de América Latina y a la de Estados Unidos. Para reforzar su argumento, recurrió a la popularidad de su partido como aval moral: «La gente lo sabe, si no, no tendríamos el apoyo popular que tenemos y López Obrador no estaría en el corazón del pueblo de México».
La declaración llegó en el peor momento posible desde el punto de vista de la evidencia disponible. Un día antes, el diario Los Angeles Times, en colaboración con Puente News Collaborative, había publicado que el gobierno de Estados Unidos inició una investigación contra el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y contra el de Tamaulipas, Américo Villarreal, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ambos mandatarios estatales fueron despojados de sus visas estadounidenses a raíz de estas investigaciones de carácter penal.
Estos señalamientos no ocurren en el vacío. En abril pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de la entidad de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción Los Chapitos. Los diez funcionarios sinaloenses fueron señalados por introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales. Entre los señalados también figuran el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Gerardo Mérida Sánchez, quien ya se entregó a las autoridades de Estados Unidos y fue presentado ante un tribunal de Nueva York.
Lo llamativo del caso de Durazo es su trayectoria: antes de ser gobernador de Sonora, se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. La ironía es difícil de soslayar: el hombre que encabezó la política de seguridad nacional del gobierno que prometió acabar con la corrupción enfrenta hoy investigaciones en el país vecino por los cargos más graves que se pueden imputar a un servidor público.
La respuesta oficial ha seguido un libreto predecible. La secretaria de Comunicación del gobierno de Sonora, Paloma Terán, declaró que «es completamente falsa la información publicada» y que Durazo «no ha sido notificado de investigación alguna». En términos similares se pronunciaron las autoridades de Tamaulipas, calificando los señalamientos como acusaciones «sin una sola prueba» y afirmando que no existen «documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable».
Sin embargo, los hechos operativos contradicen la narrativa de la inocencia proclamada. Pese a tener canceladas sus visas, ambos gobernadores continúan viajando a Estados Unidos bajo un esquema especial conocido como Significant Public Benefit Parole. En el caso de Durazo, fuentes con conocimiento del asunto confirmaron que viaja regularmente para recibir atención médica bajo ese mecanismo. En el caso de Villarreal, al cruzar a territorio estadounidense es frecuentemente escoltado por oficiales estadounidenses. Resulta difícil reconciliar este esquema con la idea de que se trata simplemente de una campaña de difamación.
La presidenta Sheinbaum ha intentado encuadrar la acumulación de señalamientos como una maniobra de interferencia electoral. Ha enmarcado las denuncias de Washington como una campaña para intentar interferir en las elecciones de 2027. A su vez, ha defendido que durante el sexenio anterior se registraron más de 84,000 detenciones de integrantes del crimen organizado, de las cuales al menos 39 personas tenían un perfil relevante en la jerarquía criminal, y preguntó: «Si hubiera habido una colusión, ¿entonces por qué hubo detenciones?»
El argumento tiene cierta lógica interna, pero elude la pregunta central: ¿por qué el Departamento de Justicia estadounidense, con sus capacidades de inteligencia e investigación criminal, presentaría cargos formales —respaldados por declaraciones de testigos y cooperantes— contra tres gobernadores morenistas si todo fuera fabricación política? La respuesta oficial no ha podido abordar esa pregunta sin recurrir a la teoría de la conspiración.
El patrón que emerge es inquietante. Cada vez que surgen nuevas acusaciones, el gobierno las descarta como «intervencionismo», «campaña de la ultraderecha» o «injerencia electoral». Es un reflejo defensivo que, si los tribunales estadounidenses eventualmente presentan pruebas formales, quedará como un monumento a la negación deliberada o a la ignorancia conveniente. El apoyo popular, por sí solo, nunca ha sido garantía de inocencia; la historia política mexicana y universal lo demuestra con cruda claridad.
La pregunta que ya flota en el ambiente político no es si Sheinbaum reconocerá haber errado —los tiempos políticos raramente permiten esa clase de honestidad—, sino cuándo y de qué manera intentará cambiar el relato cuando el peso de la evidencia ya no pueda ser ignorado. Las palabras pronunciadas el 4 de junio de 2026 llevan fecha de caducidad.
