El Consejo General del INE y en particular su Comisión de Quejas y Denuncias, parecen decididos a enturbiar y entorpecer el ejercicio democrático por el que, se supone, deben velar sus integrantes, en la inédita elección de los miembros del Poder Judicial, del próximo primero de junio.
La aplicación de medidas cautelares establecidas contra dos aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellas, la Ministra Loretta Ortiz, aduciendo la celebración de un evento celebrada en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con sus agremiados e integrantes de la Cooperativa Cruz Azul y representantes de diversas organizaciones sociales, parece encubrir ciertas manos negras interesadas en impedir que impartidoras e impartidores de justicia que han estado del lado de las causas del pueblo, se mantengan y presidan el máximo órgano de justicia.
De acuerdo a las propias reglas establecidas por los miembros del Instituto Nacional Electoral (INE); existía la autorización expresa de que los aspirantes participaran en foros informativos, mesas de diálogo o encuentro organizados de manera gratuita por el sector social o privado.
Pero según el criterio torcido y sospechosamente manipulado de los consejeros, el que un sindicato independiente, una cooperativa de trabajadores y gente de la sociedad civil se reúna a escuchar a una aspirante, es motivo de inequidad.
Los hechos abonan un dudoso y parcial proceder, pero además una aberrante ignorancia pues en un principio el INE pretendió limitar la difusión del proceso electoral, sin siquiera tomarse la molestia de buscar los mecanismos masivos para orientar a los ciudadanos sobre el procedimiento para votar y conocer a los aspirantes.
Entre los irracionales alegatos, los consejeros determinaron la prohibición de videos tomados por los miembros del SME, cuando uno de los mecanismos autorizados para la difusión de las propuestas de los candidatos eran las redes sociales.
El tema de las medidas cautelares ya no llegó al terreno a los medios porque ello habría implicado un atentado a la libertad de expresión. Otra de las peligrosas aristas del tema es que la gente del INE no tuvo el cuidado de determinar con claridad los procedimientos para garantizar la certeza y transparencia en el inédito proceso electoral que se avecina, porque no habrá representantes de los aspirantes en las casillas.
Tampoco se tendrá certeza en el número de observadores porque los consejeros del INE lejos de sacrificar en el presupuesto algo de sus ventajosos salarios y prestaciones, decidieron hacer el proceso sobre las rodillas.
Muchas explicaciones comienzan a deber los consejeros del órgano electoral a los ciudadanos, porque si con el mismo criterio tendencioso con que han sancionado foros de ciertas candidatas como Loretta Ortiz, van a contar a puerta cerrada los votos, ya podemos imaginar que serán los aspirantes apoyados por los intereses fácticos y las manos negras los que tendrán más posibilidades de ganar. Urge alertar a la sociedad sobre esta anticipada imparcialidad del INE.
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