El 31 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará un informe nacional para conmemorar los dos años de su triunfo en las urnas —que formalmente se cumple el 2 de junio— y presentar un balance de su administración. El acto se realizará mediante conexión digital simultánea en los 32 estados, evitando traslados masivos de simpatizantes hacia la capital. Lo que se escuche en esas plazas, sin embargo, será tan revelador por lo que se diga como por lo que deliberadamente se omita.
El discurso del optimismo administrado
En vísperas del festejo, Sheinbaum mantiene niveles de aprobación popular superiores a los de sus predecesores en este siglo, con una estabilidad de entre el 68 y el 72 por ciento durante más de un año, según encuestas de Consulta Mitofsky. Esa popularidad le otorga margen político para gobernar sin rendir cuentas en el sentido estricto del término. El informe del 31 de mayo es, en los hechos, un acto de celebración política más que un ejercicio genuino de transparencia.
El discurso presidencial destacará logros reales —como la reducción en homicidios dolosos o los programas sociales de bienestar— pero dejará un vacío ensordecedor sobre los indicadores más incómodos de la gestión pública.
La economía que no crece
Los datos macroeconómicos son difíciles de disimular para quien los busque. Entre el primer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2026, la economía mexicana creció un exiguo 5%, equivalente a un promedio anual de apenas 0.7%. En abril de este año, los ingresos presupuestarios registraron una caída de 6.4%, señal de tensión fiscal que contrasta con el optimismo oficial. La deuda pública, por su parte, ha crecido de manera sostenida tanto en el sexenio anterior como en el actual, sin que este hecho aparezca en los balances de autocomplacencia.
La creación de empleo, otro indicador que el gobierno cita con frecuencia, tiene una cara oculta: la mayoría de los puestos de trabajo que se generan en México corresponden al sector informal, lo que implica ausencia de seguridad social, prestaciones y estabilidad. Eso no se traduce en bienestar real para las familias mexicanas.
Un dato que condensa la angustia económica de los hogares: los retiros de las Afores por motivos de desempleo han alcanzado la preocupante cifra de casi cuatro mil millones de pesos, reflejo de que miles de familias deben echar mano de sus ahorros para la vejez simplemente para sobrevivir el presente.
Inseguridad y desapariciones: las cifras que molestan
El gobierno ha presentado como uno de sus principales logros una reducción del 49 por ciento en los homicidios dolosos del país. Sin embargo, los datos sobre percepción ciudadana cuentan una historia diferente: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del primer trimestre de 2026, el 61.5% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. La distancia entre los números oficiales y la experiencia cotidiana de los mexicanos es un abismo que ningún informe gubernamental cierra con cifras.
A ello se suman más de 130 mil personas desaparecidas en el país, un drama humanitario que se mantiene en los márgenes del relato oficial, y las denuncias persistentes de falta de medicamentos y equipamiento en hospitales del sector público, que afectan principalmente a quienes no tienen otra opción que la sanidad pública.
El partido y el crimen organizado
Quizá el punto más incómodo del balance sea la vinculación de militantes del partido gobernante con estructuras criminales. El Operativo Enjambre ha derivado en la detención de más de 70 servidores públicos, entre alcaldes, exfuncionarios, mandos policiacos y operadores municipales, acusados de colaborar con grupos criminales. La mayor parte de los detenidos provienen del Estado de México y Morelos, e incluyen alcaldes en funciones procesados por extorsión, tráfico de armas y delincuencia organizada.
El gobierno presenta estas detenciones como prueba de su voluntad anticorrupción. Sus críticos señalan, con igual fundamento, que revelan la profundidad de la penetración criminal al interior del movimiento político en el poder. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sumado acusaciones propias contra militantes del partido, añadiendo una dimensión internacional al problema que el discurso oficial no puede ignorar indefinidamente.
El poder que se perpetúa
Lo que ningún informe autoelogioso mencionará es la estrategia sistemática para blindar la continuidad política del proyecto. La reforma del marco legal electoral, la colocación de personas afines en el INE y el Tribunal Electoral, y el uso del aparato gubernamental en los actos de celebración partidista configuran un patrón que las voces críticas definen como la construcción de condiciones para una hegemonía electoral de largo plazo.
En su propia retórica, la presidenta ha advertido que «pueden regresar otros gobiernos» si los ciudadanos no defienden la Cuarta Transformación, un argumento que mezcla la movilización social legítima con la lógica del partido que identifica su permanencia en el poder con el bien público.
El verdadero informe de gobierno no está en las plazas del 31 de mayo. Está en los datos que no se pronunciarán.
