La reforma eléctrica en manos de la oposición

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Sin duda, la reforma que más dará de qué hablar durante las próximas semanas será la reforma eléctrica propuesta por el Presidente de la República, una de sus tres prioridades legislativas y la más simbólica en términos de afianzar su proyecto ideológico. Quizás, en su imaginario, lograr diluir la participación de la iniciativa privada en el sector energético lo equipararía a Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera.

Esta reforma pretende hacer de la CFE el jugador dominante en el sector, dejando en segundo lugar a las empresas privadas, lo cual minaría la competencia, ya que no sólo tendría prioridad en el despacho de electricidad, sino que también se convertiría en el órgano regulador —el árbitro del juego—, desapareciendo las instituciones que hoy desempeñan esa función, como la Comisión Reguladora de Energía, además de frenar la transición energética a energías limpias.

La reforma, en sus términos, no pasará, han dicho las y los legisladores del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, sin los cuales, juntos, sería imposible reunir los votos necesarios para aprobar la reforma. Los líderes de las bancadas panista y priista en la Cámara de Diputados, Jorge Romero y Rubén Moreira, dijeron, respectivamente, que “si no se hacen las modificaciones … para cuidar la libre competencia y la sustentabilidad, esta reforma está muerta” y que, “así como está, la reforma no pasa… Es una oportunidad … de resolver lo que se tiene que resolver y de dejar lo que se tiene que dejar”.

Sin embargo, la clave está en las palabras “en sus términos”. Por primera vez en más de tres años la oposición tiene la oportunidad de ser tomada en cuenta, sin embargo —y más importante aún—, tiene la posibilidad de transformar una propuesta contraria a lo que nuestro país y el mundo necesitan, en una reforma para generar electricidad limpia a precios justos y competitivos, y suficiente para satisfacer la demanda tanto de los millones de hogares como del comercio y la industria. Así que los términos que la oposición plantee para sustituir los de la iniciativa presidencial tienen hoy una enorme relevancia para el desarrollo nacional inmediato y futuro.

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El análisis de la reforma inició el lunes pasado en la Cámara de Diputados en los foros en donde representantes de empresas, especialistas, legisladores y funcionarios del gobierno han expuesto sus posiciones, destacando argumentos a favor de la propuesta, como los de garantizar la soberanía energética a cargo del Estado; terminar con el saqueo de las empresas privadas y que la generación de electricidad por parte de privados (autoabasto) es abusivo. Quienes están en contra argumentan que el autoabasto es legal; que, dada la ineficiencia de la CFE, la reforma generará energía cara que tendrá que ser subsidiada si se quiere mantener a precios bajos, y que no prioriza las energías limpias.

Pero no sólo actores nacionales están pendientes de la discusión sobre la reforma eléctrica. Jennifer Granholm, secretaria de Energía del gobierno estadunidense, visitó la Ciudad de México y sostuvo entrevistas con el Presidente de la República, legisladores y el sector privado y dijo que “en cada reunión, expresamente comunicamos las preocupaciones reales de la administración BidenHarris sobre el potencial impacto negativo en la inversión privada de Estados Unidos de las reformas energéticas propuestas” y enfatizó en la oportunidad que representan las energías renovables para impulsar la competitividad de Norteamérica.

La discusión de esta reforma y la atención sobre el Congreso —destacadamente sobre la oposición— continuará, porque esta vez el resultado sí está en sus manos.


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