Hace apenas una semana analizábamos en este espacio los altos costos sociales de estar cautivos a la ocurrencia y la improvisación, de las que distintas autoridades federales del sector salud han dado constancia pública en su respuesta a la epidemia más grave ocurrida en décadas. Toda una serie de criterios impuestos en México, los cuales tienen escasa coherencia con las mejores prácticas internacionales que han logrado mitigar con mayor alcance los sensibles impactos en la salud y la economía de las familias alrededor del mundo.
Lo grave es que, semana a semana, los medios de comunicación dan cuenta, a partir de nuevos casos respaldados con información objetiva, comprobable y acompañada de la opinión de la comunidad científica, del poco esmero —por no decir del nulo respeto— con el que también ciertas autoridades locales emanadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han estado tratando a la ciudadanía que gobiernan en el contexto de la emergencia sanitaria.
Y es que si en semanas recientes el VapoRub, los tés, la homeopatía y hasta las jaladas de oreja prendieron las alarmas de la más elemental sensatez, al ser estos presentados en distintos canales de comunicación por autoridades y legisladores federales de Morena como remedios para aliviar los efectos del covid-19; ahora un nuevo agravio social se generó en últimos días con el escándalo mediático por la administración indiscriminada de ivermectina que hiciera el gobierno de la Ciudad de México en pacientes diagnosticados con la enfermedad de coronavirus antes referida.
Desde el punto de vista médico, ante las numerosas muestras de rechazo expresadas por la comunidad científica nacional e internacional a esta medida, resulta inaceptable la aplicación masiva de un medicamento que nunca mostró evidencia convincente de incidir de manera positiva en la salud de quienes contrajeron covid-19. En particular, si este componente jamás recibió la autorización de organismos multilaterales especializados o de las mejores agencias sanitarias de Estados Unidos y de Europa para esos fines. Por algo, las autoridades capitalinas incumplieron con la mejor práctica de difundir en su momento el uso experimental del medicamento, alentando una política pública tan discrecional como abusiva hacia la población afectada.
En este marco, llaman mucho la atención las contradicciones de la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México para contener los efectos dañinos del covid-19. Por un lado, se niegan a adoptar acciones que han mostrado eficacia, como es, entre otras, habilitar la vacunación a niñas y niños mayores de cinco años y, por el otro, sin recato alguno, arriesgan la salud de la población con la distribución de ivermectina. Medicamento que ni siquiera contaba con el consenso sobre sus efectos positivos al interior del gabinete federal de salud, según hacen constar espacios informativos, razón por la cual ese orden de gobierno terminó prohibiendo su uso con la publicación de la Guía Clínica para el Tratamiento de covid-19.
Si en la perspectiva médica esto es grave, lo es también desde la óptica del desprecio institucional que se vive en la capital del país. Ello porque los servidores públicos de alto nivel y voceros de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México han sido marginados en la difusión primaria de los temas relativos a la pandemia, frente a funcionarios que carecen de la más mínima preparación científica en el campo de la medicina.
En distintas coyunturas ha habido señalamientos sobre esta falta de congruencia y la polémica en torno a la ivermectina lo reconfirma de nueva cuenta: ¿qué hace el director de una agencia digital y el “encargado de tecnología en la Ciudad de México” elaborando un estudio científico sobre la efectividad de la ivermectina con claros dilemas éticos y conflictos de interés, como han sido denunciados por especialistas nacionales e internacionales? ¿Por qué ambos, responsables de la conectividad y de montar antenas de internet gratuito en la ciudad, guían el debate de la pertinencia del medicamento cuando, en todo caso, eso debiera corresponder a terceros independientes vinculados a los rigurosos conocimientos del sector salud?
Es muy lamentable que en la supuesta ciudad de derechos de la que tanto presume promover el gobierno capitalino, estos funcionarios ni siquiera se tomen el tiempo de obtener la autorización de los pacientes para ser parte de un “estudio” sobre su evolución clínica. Sorprende que, en la emergencia sanitaria, la científica que encabeza el Gobierno de la Ciudad de México permita el desplazamiento de quienes sí cuentan con una carrera profesional en las ciencias de la medicina. Entre escándalo y escándalo, entre cientos de miles de sensibles fallecimientos y los impactos de la pandemia en el bienestar de las personas, la principal pregunta sigue vigente: frente al covid-19, ¿en manos de quién estamos?.
There is no ads to display, Please add some
