En lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, la corrupción y las malas prácticas de las autoridades han dejado una huella profunda en los registros judiciales. En México se han denunciado 25,981 casos de delitos cometidos por servidores públicos, de acuerdo con el más reciente corte de caja de la firma TResearch International, basado en cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La tendencia no parece ceder. Tan solo en abril, el termómetro de la ilegalidad institucional registró 1,719 denuncias a nivel nacional, lo que representa un incremento del 5% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se reportaron 1,642 casos. A pesar de los discursos oficiales sobre la honestidad en la administración pública, los ciudadanos siguen acudiendo a las fiscalías para señalar los abusos de sus gobernantes.
Al revisar el historial de la última década, los datos muestran que el descontento y las capturas por malas conductas alcanzaron su punto más crítico en el año 2020, cuando se notificó el récord histórico de 21,883 carpetas de investigación. Aunque los años posteriores mostraron ligeros descensos, el problema se mantiene en niveles alarmantes.
El mapa de la delincuencia institucional revela una enorme disparidad geográfica y pone en evidencia a los motores económicos del país. Tres entidades federativas concentran, por sí solas, el 51% de todos los casos reportados en el territorio nacional. La Ciudad de México encabeza esta lista negra con 5,862 denuncias, seguida de cerca por el Estado de México con 5,046, y Nuevo León en un distante pero preocupante tercer lugar con 2,436 registros.
Sin embargo, cuando el problema se analiza de forma proporcional, el escenario cambia por completo. Al medir el número de delitos por cada millón de habitantes para entender el verdadero impacto local, Baja California Sur se corona como la entidad más afectada del país, con una tasa de 746 denuncias. La capital del país se ubica en la segunda posición bajo esta métrica con 636 quejas por cada millón de residentes, mientras que estados turísticos como Colima y Quintana Roo empatan en el tercer puesto con 433 señalamientos cada uno.
Esta radiografía delictiva deja en claro que la fiscalización de los funcionarios públicos sigue siendo una asignatura pendiente en la agenda política mexicana. Para los ciudadanos que navegan en la burocracia diaria, estas cifras no son solo estadísticas, sino el reflejo de la impunidad y el abuso de poder que se vive en las oficinas gubernamentales de los tres niveles de gobierno. Las miradas de los analistas políticos están puestas sobre las estrategias estatales, pues mientras algunas regiones logran contener el problema, los grandes centros urbanos del país continúan asfixiados por las denuncias contra sus propios servidores.
