La polémica por la asignación de la publicidad oficial suma un nuevo capítulo. A mediados de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional que “TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco”, y sostuvo que los recursos se reparten de acuerdo con la audiencia de cada medio.
Estos medios comparten una postura crítica hacia el Gobierno, por lo que las palabras de la mandataria evocan la célebre máxima del presidencialismo mexicano: “No pago para que me peguen”. La contradicción se vuelve evidente al analizar el caso del periódico La Jornada, que ocupa un lugar de privilegio en el reparto publicitario sin contar con el alcance masivo de El Universal o TV Azteca. Con ello, la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos se mantiene intacta.
El contexto político añade una dimensión más grave al asunto. Esta postura coincide con el debate sobre los lineamientos para los derechos de las audiencias —acusados de buscar censurar o inhibir la crítica—, la exhibición de listas de usuarios de redes sociales críticos al régimen y los reclamos de propagandistas afines al oficialismo por falta de apoyo.
Resulta paradójico que una presidenta que presume un alto nivel de aprobación en encuestas e hipervisibiliza su cercanía con la ciudadanía dedique tiempo y recursos a exhibir a los medios críticos. Esta obsesión mediática se entiende mejor con la mirada puesta en las elecciones de 2027.
Sin embargo, el control narrativo se le ha salido de las manos al equipo presidencial. La exposición de cuentas de redes sociales por parte de la consejera jurídica de la Presidencia terminó generando un efecto contraproducente: les otorgó promoción gratuita y aumentó su número de seguidores.
Para neutralizar el costo político, el oficialismo recurrió a una de sus tácticas más comunes: la distracción. Andrés Manuel López Beltrán dio a conocer que le fue revocada su visa de ingreso a Estados Unidos. La noticia no provino de la prensa, sino del propio hijo del expresidente, lo que detonó una narrativa de defensa de la soberanía e «injerencismo» encabezada por la propia presidenta.
La maquinaria propagandística de Morena reaccionó de inmediato: calificó a López Beltrán como un “gigante que despertó”, convocó a más de 200 asambleas y emitió un desplegado de gobernadores en su respaldo.
López Beltrán acumulaba meses bajo intensa presión crítica debido a los cuestionamientos por los costos del proceso de afiliación de Morena, los resultados electorales en Coahuila, su costoso viaje a Japón, las investigaciones periodísticas sobre el negocio del huachicol y su alta tasa de rechazo ciudadano reportada en encuestas.
En este escenario, la maniobra sirvió para reposicionar al hijo del fundador de Morena de cara a las candidaturas a diputados federales y, al mismo tiempo, desviar la atención de la fallida ofensiva gubernamental contra los medios.
Al final, el mensaje es transparente: el Gobierno no tolera la crítica por el impacto electoral que esta representa hacia 2027. En su intento por construir liderazgos sustitutos, la estrategia en torno a López Beltrán le otorgó notoriedad, pero no la estatura de estadista que pretendía proyección. El peso del nepotismo continuará ensombreciendo cualquier intento de propaganda oficial.
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