El padrón que desmiente a Morena

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La semana que cierra dejó al descubierto un patrón que Morena se niega a reconocer como tal: la distancia entre el discurso de pureza partidista y los registros documentales que la contradicen. Dos episodios, separados por geografía y gravedad, comparten una misma secuencia: la negación inicial, la evidencia periodística y la corrección forzada.

La militancia que apareció dos veces

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, negó ante el diario Reforma que Alejandro Enrique Arcos Romero fuera militante de su partido. Días después, la propia dirigente confirmó que Arcos Romero está registrado en el padrón desde 2013. El personaje no es menor: autoridades mexicanas y estadounidenses lo señalan como presunto operador financiero de la red conocida como mafia rumana, encabezada por Florian Tudor, y fue secretario particular de Rafael Marín Mollinedo durante su gestión al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México —hoy aspirante morenista a la gubernatura de Quintana Roo—. Montiel justificó el desliz argumentando que el partido tiene casi doce millones de afiliados y que no puede verificar cada nombre. El argumento, aunque cuantitativamente cierto, no resuelve el problema de fondo: fue la dirigente misma quien afirmó desconocer al sujeto antes de que el padrón la desmintiera.

El caso michoacano: matiz necesario

El segundo episodio requiere una precisión que suele perderse en la discusión pública. Roldán Álvarez Ayala, señalado por una orden de aprehensión por extorsión y vinculado por reportes periodísticos con el uso de un vehículo de su propiedad en un secuestro, es hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias «El R1», identificado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Aquí conviene corregir un matiz: el desplegado de Morena no negó la militancia de Roldán —a quien el propio partido reconoció como consejero estatal en Michoacán—, sino la de Ramón Ángel, de quien la dirigencia sostiene que jamás perteneció a su estructura. Respecto a Roldán, Morena afirmó haberlo expulsado desde noviembre de 2025, aunque hasta la fecha no ha hecho pública la resolución interna ni el expediente que sustente esa expulsión, un vacío documental que alimenta más dudas que certezas.

La contradicción estructural

Lo que ambos casos exhiben no es la presencia ocasional de personajes cuestionables en las filas de un partido con doce millones de afiliados —fenómeno inevitable en cualquier organización de ese tamaño—, sino el reflejo institucional ante la evidencia: negar primero, corregir después, y nunca ofrecer una explicación proactiva. Ese patrón adquiere un peso político adicional cuando se contrasta con la vara que Morena aplica a la oposición. El mismo partido que exige pruebas rigurosas antes de aceptar su propia responsabilidad no ha mostrado el mismo rigor al señalar a adversarios políticos por presuntos vínculos con el huachicol, con frecuencia sin documentación pública que sostenga la acusación. La asimetría no es menor: mientras el escrutinio hacia adentro se resuelve con negaciones que el propio padrón desmiente, el escrutinio hacia afuera se ejerce con una laxitud probatoria que el discurso oficial no le permitiría a nadie más.

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El costo de la opacidad

Ninguno de estos episodios prueba, por sí mismo, que Morena opere como estructura cómplice del crimen organizado; extender esa conclusión sería tan irresponsable como la negación inicial de la propia Montiel. Pero la acumulación de casos —Quintana Roo, Michoacán, y los que les han precedido— construye un patrón que ya no puede atribuirse a la simple estadística de un padrón masivo. La pregunta relevante no es si existen infiltraciones —las hay en todos los partidos con presencia territorial amplia—, sino si la dirigencia morenista está dispuesta a sustituir el reflejo defensivo por una política de verificación previa, transparencia documental y sanción efectiva, en lugar de esperar a que el escándalo periodístico haga el trabajo que le correspondería al propio partido.

¿Puede un movimiento que se fundó denunciando la opacidad del viejo régimen sostener su legitimidad mientras responde a sus propios escándalos con la misma opacidad que decía combatir?