Han pasado 20 años desde que fue hallada sin vida la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa. Un caso que develó la ineficiencia del gobierno del entonces Distrito Federal y que estremeció a la comunidad internacional. Las personas defensoras de derechos humanos no estaban a salvo y su vida peligraba en la capital del país.
La muerte de Digna Ochoa, ocurrida el 19 de octubre de 2001, se dio durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del DF. Por ello, que este miércoles la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya notificado la sentencia por la cual encontró responsable internacionalmente al Estado mexicano por las graves violaciones en la investigación de su muerte, cobra una gran relevancia.
Quien hoy debe cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, es la misma persona que ocasionó con su indolencia que, los familiares de la defensora de derechos humanos recurrieran a instancias internacionales por la falta de resultados para conocer la verdad sobre lo ocurrido aquel día.
De la resolución de la Corte se desprende que, hubo negligencia en el manejo de la escena del crimen, en la integración del expediente y en la necropsia. Además, la investigación estuvo sesgada y se utilizaron estereotipos de género con el objetivo de cuestionar su credibilidad, entre otras irregularidades. El gobierno de la capital incluso, sostuvo que había sido un suicidio.
La sentencia de la Corte es clara, se violaron las garantías judiciales, el derecho a la integridad personal y el derecho a la protección de la honra y de la dignidad. No hubo una debida diligencia ni se esclarecieron los hechos. El Estado mexicano tiene una deuda con ella y con los defensores de derechos humanos.
Digna Ochoa fue una mujer comprometida con las causas sociales. Gracias a su familia, sus compañeros y sus amigos, sabemos que en cada uno de sus asuntos se entregó con pasión y arrojo. Su vida peligraba, recibió múltiples amenazas, fue secuestrada, violada, vivió exiliada y tristemente fue asesinada, sin embargo, hasta el último de sus días, no renunció a sus ideales.
No se puede reparar el daño causado hace 20 años, pero hoy, se debe tener altura de miras para corregir el rumbo. Toca al Estado mexicano, incluyendo al Senado de la República, reconocer la labor de las personas defensoras de derechos humanos, fortalecer el Mecanismo de Protección, implementar un protocolo para la investigación de ataques y agresiones, capacitar a los servidores públicos para que las investigaciones se realicen con perspectiva de derechos humanos y dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales.
El presidente López Obrador debe reconocer la deficiente investigación que se realizó durante su gobierno. Urge que se cumpla a la brevedad con la sentencia y se den garantías de no repetición para todas las personas defensoras de derechos humanos. Sin duda, la huella de Digna Ochoa quedará escrita por siempre en la historia de nuestro país.
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