Corrupción y proselitismo electoral ilegítimo

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La vacunación a los maestros antes de las elecciones promueve el voto corporativo más allá de la salud pública.

En la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la covid-19 en México (PolVx_COVID_ 08Dic2020_17h00 [coronavirus.gob.mx]) se estableció como objetivo general disminuir la carga de enfermedad y defunciones ocasionadas por covid-19.

Tal objetivo no se advierte en la propuesta de vacunar a maestros (antes de las elecciones) en lugares con alta incidencia de contagio y de densidad poblacional, por ejemplo, como la Ciudad de México, entre otros, bajo el supuesto de que se inicien las clases en forma presencial en el próximo periodo escolar.

Dicho documento dice que existe un Grupo Técnico Asesor para la vacuna (GTAV) covid-19 en México, conformado por expertos en materia de inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistema y economía de la salud, que hizo una serie de recomendaciones (las cuales no se publican), pero que dice que, en resonancia con las recomendaciones de dicho grupo, se han tomado por el gobierno cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2: 1.-Edad de personas; 2.- Comorbilidades personales; 3.-Grupos de atención prioritaria, y; 4.- Comportamiento de la epidemia.

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En el cuarto eje se dice que “es dinámico… depende de diferentes factores, el más importante epidemiológicamente es la densidad poblacional, y que … éste último eje de priorización apoyará (sic) en enfocar esfuerzos específicos para lograr recuperar actividades socioeconómicas específicas, por ejemplo la actividad escolar presencial en entidades federativas con menor riesgo epidémico estimado”.

En este sentido, únicamente se justifica la aplicación de vacunas a los maestros en entidades como Campeche, toda vez que tienen el menor riesgo epidémico y la densidad poblacional es una de las menores del país, además de que ha tenido uno de los más bajos índices de contagios del país desde que inició la pandemia, además de que el traslado de los estudiantes, profesores y población en general puede seguir las mismas medidas preventivas que ha tenido la entidad hasta ahora, como la sana distancia, entre otras.

No obstante ello, lo que sucede en una entidad como Campeche no lo tenemos en la mayoría de las entidades del país. Sólo cabe mencionar que, el día de ayer, el director de epidemiología de la Secretaría de Salud de nuestro país hizo un llamado a redoblar esfuerzos en diez entidades que están presentando un incremento en contagios y hospitalizaciones (como ya lo habíamos previsto en la colaboración anterior), entre las que se encuentran la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Quintana Roo, entre otros.

Hacer anuncios de que se vacunará a maestros antes de las elecciones para que en el próximo periodo escolar se tengan clases presenciales no se corresponde con el objetivo general de la Política Nacional de Vacunación, ni mucho menos con las recomendaciones del grupo de expertos. No sólo no tendremos semáforo verde en muchas de las entidades en que se vacunarán a los maestros, sino incluso reiniciar clases escolares presenciales sería un riesgo mucho mayor para los padres de los estudiantes sin vacunar.

Antes de comenzar, supuestamente, con el cuarto eje de prioridad de vacunación, debería terminarse no sólo con la vacunación de los adultos mayores en todo el país, sino con todo el personal médico, no sólo del sector público, sino también del privado, del que tiene el contacto directo e indirecto con personas contagiadas o posiblemente contagiadas con covid-19. Seguramente tampoco vacunarían a los maestros de escuelas privadas.

Es evidente que se trata de una estrategia electoral que corrompe el objetivo general de la política nacional de vacunación, y también evidencia, una vez más, los errores en la implementación de las políticas públicas que han ocasionado que una gran cantidad de vacunas que se han recibido ni siquiera se han aplicado por deficiencias en la estrategia de distribución y aplicación, además de que hayamos rebasado las doscientas mil personas fallecidas por esta enfermedad.

P.D. La ampliación del periodo presidencial en la SCJN es un distractor de la corrupción del programa de vacunación y sondear una propuesta de ampliación de su propio mandato “para asegurar la implementación de las reformas de la 4T”.


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