Artículo escrito el 4 de mayo de 2021
Días pasados, la Cámara de Diputados notificó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que admitió y radicó la solicitud de declaratoria de procedencia, por la Fiscalía General de la República.
La declaración de procedencia es un acto legislativo exclusivo de la Cámara de Diputados que tiene por objeto remover la inmunidad procesal (fuero) de los servidores públicos que señala el Artículo 111 de la Constitución, “para ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo, …”.
La semana pasada los legisladores federales de Morena, despojaron al gobernador Cabeza de Vaca de la inmunidad constitucional que le otorgaba su cargo.
El Congreso de Tamaulipas ha rechazado la solicitud de la Cámara de Diputados para quitar la inmunidad al gobernador de ese Estado, Francisco García Cabeza de Vaca. El desafuero había sido aprobado una hora antes por los legisladores federales argumentado un delito de defraudación fiscal, lo que abría la puerta a que la Fiscalía procediera contra el político. La decisión evidencia un choque entre el Congreso de la Unión encabezado por Morena, y el Congreso de Tamaulipas, dominado por el PAN.
Los diputados locales del Congreso de Tamaulipas, han decidido que Cabeza de Vaca continúe ”fungiendo en el encargo público para el que fue electo en el año 2016 por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de Tamaulipas”, según recoge la resolución de los legisladores, publicada poco después de la votación en San Lázaro.
Las y los legisladores locales establecieron que el proceso que se realiza en la Cámara de Diputados federal, debería replicarse completamente a nivel estatal, y al final aprobarse por mayoría absoluta para quitar el fuero a diputados, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y/o el gobernador de Tamaulipas.
Derivado de lo anterior, el Congreso de la unión aprobó interponer una controversia constitucional contra la homologación del proceso de desafuero emitida por el Congreso de Tamaulipas. Morena argumenta que el acuerdo de homologación mencionado por el Congreso Local viola nueve artículos de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte, el congreso tamaulipeco, enviara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acuerdo donde anula los efectos del proceso de desafuero, emitido por el Congreso de la Unión, y solicita que sean ellos quiénes puedan llevar acabo la declaratoria de procedencia.
El gobernador ha rechazado la medida del Congreso federal calificándola de “golpe a la Constitución y a la democracia”.
¿Será que se trata de un linchamiento político orquestado desde Palacio Nacional?
En reiteradas ocasiones López Obrador, se ha referido al caso del gobernador en su conferencia mañanera, pareciera que lo litiga en los medios de comunicación, aun cuando se trata de presunciones.
¿Será que el presidente orquesta este plan para debilitar a la oposición en plena época electoral?
Por lo pronto tendremos que ver que sucede con las acciones de inconstitucionalidad planteadas ante la Corte por el Congreso de la Unión y el congreso de Tamaulipas.
Creemos que le asiste la razón al Congreso de Tamaulipas de ser el quién le retire o no el fuero a su gobernador, de no ser así existiría una invasión del poder federal, sobre el poder local del Estado libre y soberano de Tamaulipas.
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