La invasión militar a Ucrania es la fotografía perfecta de la política del dejar pasar, riesgo mayor en el que, desde hace tiempo, se encuentran cautivos el bienestar de países o regiones enteras, cuando no, la misma estabilidad del orden mundial. Toda una serie de mandatarios y elites, a los más diversos niveles de los poderes nacionales, dispuestas a desafiar, primero, la observancia de las libertades de sus pueblos mediante el control autoritario; para, después, ser foco de conflicto al interior de su región o, si sus capacidades tecnológicas, económicas y de guerra les alcanza, buscar, mediante la ocupación, el imponer sus intereses sobre otras sociedades de interés geopolítico.
Frente a este tipo de expresiones del abuso de poder, el sistema internacional suele procesarlos tarde y mal, con los altos costos que eso conlleva. Por largos periodos, las elites desafiantes del orden gozan de impunidad en la captura del sistema político, condición que les da oportunidad de modificar el marco legal y perpetuarse en el poder. Como es el caso del presidente Vladimir Putin, quien lleva más de dos décadas al frente del gobierno de la Federación de Rusia y, el año pasado, de nueva cuenta consiguió sentar las bases que le posibilitan despachar en el Kremlin hasta 2036. Ello, en vez de garantizar una transición democrática al final de su segundo mandato consecutivo, fechado originalmente en la constitución para 2024.
Estas ampliaciones de mandato pueden tener sustento en referéndums nacionales, pero el contexto en el que se convoca al voto popular está hecho para garantizarle perpetuidad a los transgresores del orden. No es casualidad que en 2021 —año en que se habilitó a Vladimir Putin el contender por un nuevo mandato—, el gobierno ruso haya sido acusado públicamente por organizaciones defensoras de los derechos humanos de incrementar la persecución contra cualquier expresión de crítica en su contra; así como denunciado la existencia de, cuando menos, 420 presos políticos, en una tendencia de supresión de derechos que se recrudece en el tiempo. Ello, sin olvidar la detención arbitraria de Alexei Navalni, líder opositor que fue marginado de la boleta en las elecciones presidenciales rusas de 2018 por promover una agenda de investigación contra la elite política de Moscú, ante presuntos actos de corrupción.
La comunidad internacional frente a las actitudes autoritarias siempre apela a que, más temprano que tarde, la racionalidad habrá de dominar la toma de decisiones, cuando los perfiles políticos de quienes las ejercen están dispuestos a empujar, hasta donde sea posible, la frontera de posibilidades y a jugársela al todo por el todo en cada ocasión. Por eso, a Vladimir Putin, el peso de las sanciones internacionales impuestas le son secundarias, si en su lógica no cabe otro escenario que recuperar el poder ruso de antaño al costo que sea. Ahí parece concebir la trascendencia de su legado, al margen de lo conseguido en 20 años de gobierno, y su ruta de colisión es inamovible.
Por ello, a la par de otras preocupantes señales del régimen de Putin, llama la atención la debilidad con la que el orden mundial terminó procesando la adhesión de Crimea a Rusia, así como la incursión prorrusa desde 2014 a las regiones rebeldes ucranianas de Donetsk y Lugansk. Estrategia del Kremlin que vuelta tras vuelta le ha dado rendimientos positivos en su desafío a Estados Unidos y sus aliados militares de la OTAN.
Así, resulta lastimoso que en la política internacional del dejar pasar el orden mundial sea cada vez más puesto en tela de juicio por las elites autoritarias y cada vez menos garantizado por sociedades libres en democracia. Las postales que llegan desde Ucrania, con ciudadanos en resistencia o intentando detener el paso de los tanques rusos sobre sus comunidades, retratan la falta de proactividad del sistema internacional para disuadir la visión autoritaria y desafiante de las elites transgresoras como la que domina Moscú.
Una tendencia indolente de potencias y foros multilaterales que, sin importar la amenaza o ideología del poder, siempre son los ciudadanos y su tranquilidad los que terminan pagando los platos rotos de la política del dejar pasar.
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