La marcha convocada por Morena este 16 de mayo contra la gobernadora Maru Campos no alcanzó las expectativas de sus organizadores. En un estado gobernado por la oposición, la concentración registró una asistencia reducida, con reportes de participantes trasladados desde otras entidades que, al ser cuestionados, admitieron desconocer los motivos precisos de su presencia o mencionaron incentivos como alimentos.
La movilización buscaba exigir la comparecencia, juicio político y eventual desafuero de la mandataria panista, a raíz de un operativo de seguridad donde supuestamente participaron agentes de la CIA, hecho que Morena califica como violación a la soberanía. Dirigentes como Ariadna Montiel encabezaron el evento, denunciando bloqueos carreteros que, según ellos, impidieron una mayor afluencia de simpatizantes. Sin embargo, observadores y medios locales destacaron la modesta convocatoria y la presencia de personas ajenas al contexto estatal.
Esta situación genera indignación entre sectores ciudadanos que perciben el uso de recursos y traslados masivos para simular apoyo popular. Videos y testimonios circulantes muestran a algunos asistentes confesando “me invitaron y vine” o “nos van a dar de comer”, sin claridad sobre las demandas contra la gobernadora. Tales prácticas reviven críticas históricas al acarreo político, un método que erosiona la credibilidad de las protestas y cuestiona la legitimidad de las movilizaciones orquestadas.
Desde la perspectiva de Morena, la marcha representa un paso en la defensa de la soberanía nacional frente a injerencias extranjeras en operaciones de seguridad. Sus líderes sostienen que, pese a los obstáculos, la ciudadanía expresó su rechazo a presuntas complicidades que comprometen la autonomía mexicana. Defienden la necesidad de fiscalizar a autoridades que, a su juicio, priorizan alianzas externas sobre la legalidad interna.
En contraste, simpatizantes de Maru Campos y el PAN celebran el resultado como un respaldo implícito a la gobernadora. Argumentan que los bloqueos fueron acciones espontáneas de chihuahuenses cansados de intervenciones externas en asuntos locales. La baja asistencia, según esta postura, evidencia el escaso arraigo de Morena en la entidad y convierte la protesta en un boomerang político que consolida la figura de Campos y fortalece al partido opositor. Analistas señalan que este tipo de acciones pueden unir a la oposición local y generar un efecto contrario al deseado.
El episodio expone las tensiones profundas entre el gobierno federal y las entidades opositoras en materia de seguridad. Mientras unos exigen rendición de cuentas por posibles violaciones a la soberanía, otros ven en la marcha un intento de distracción ante escándalos que afectan al oficialismo en otras regiones. La polarización se agudiza: ¿legítima defensa ciudadana o estrategia partidista con recursos cuestionables?
Este fracaso relativo invita a reflexionar sobre los límites de la movilización artificial en contextos hostiles. Lejos de debilitar a la administración estatal, la protesta podría reforzar la narrativa de resistencia local ante lo que se percibe como imposición externa. La gobernabilidad en Chihuahua permanece en entredicho, con una ciudadanía dividida entre quienes demandan transparencia absoluta y quienes rechazan lo que consideran maniobras desestabilizadoras. El tiempo y las investigaciones determinarán el impacto real, pero el resultado inmediato sugiere un fortalecimiento inesperado de la figura que se pretendía debilitar.
