Un reportaje exclusivo de CNN reveló que la CIA ha intensificado operaciones secretas en México, participando directamente en ataques letales contra miembros de cárteles del narcotráfico, incluyendo una explosión en Tecámac, Estado de México, en marzo pasado. El hecho ha generado fuertes tensiones bilaterales y cuestionamientos sobre el respeto a la soberanía nacional.
Según fuentes citadas por la cadena, el 28 de marzo un vehículo explotó en la autopista México-Pachuca, cerca de Tecámac, tras salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, matando a Francisco “El Payín” Beltrán, presunto integrante del Cártel de Sinaloa, y a su conductor. La CNN sostiene que se trató de un asesinato selectivo facilitado por oficiales de la rama Ground Branch de la CIA, como parte de una campaña más amplia contra redes criminales. Autoridades mexicanas han mantenido el caso bajo estricto secreto.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó categóricamente estas versiones. Afirmó que ninguna agencia extranjera realiza operaciones letales, encubiertas o unilaterales en territorio mexicano y que la cooperación se limita al intercambio de inteligencia a través de canales formales. “El gobierno mexicano rechaza cualquier intento de normalizar o justificar acciones de este tipo”, enfatizó.
Este episodio se suma a la muerte, en abril, de dos agentes de la CIA en un accidente vehicular en Chihuahua, mientras regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas. Aunque el gobierno mexicano insistió en que no autorizó presencia operativa de extranjeros en acciones de campo, el incidente expuso contradicciones y alimentó percepciones de operaciones no coordinadas. Algunos analistas señalan que el caso ha sido utilizado para desviar atención de las acusaciones estadounidenses contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Desde una perspectiva, estas revelaciones evidencian la frustración estadounidense ante la persistencia del narcotráfico y la necesidad de resultados concretos, especialmente bajo una administración que ha calificado a los cárteles como organizaciones terroristas. Para otros, representan una clara violación a la soberanía mexicana y un riesgo de escalada en la relación bilateral, erosionando la confianza y exponiendo a México a represalias o mayor injerencia. Críticos argumentan que la opacidad en ambos lados fomenta especulaciones y debilita las instituciones.
El dilema pone en relieve tensiones estructurales: la porosidad de la frontera, el poder de los cárteles y la asimetría en la relación bilateral. Mientras México defiende su autonomía y exige respeto a su territorio, Estados Unidos prioriza su seguridad interna. Analistas coinciden en que sin mecanismos claros de coordinación y transparencia, incidentes como estos podrían complicar la cooperación esencial contra el crimen organizado. La ciudadanía observa con preocupación cómo la lucha contra el narco genera más dudas sobre responsabilidad institucional que avances visibles.
Estos hechos invitan a reflexionar sobre los límites éticos y legales de las intervenciones extranjeras en asuntos de seguridad nacional. La imparcialidad en la aplicación de la ley y el fortalecimiento de capacidades mexicanas resultan indispensables para restaurar credibilidad.
