La denuncia que ha presentado el abogado Juan Collado es de la mayor relevancia. Según Collado, la corrupción ha descollado en el actual gobierno. Le atribuye a la consejería jurídica de la presidencia de la República el hecho de haber orquestado una red de tráfico de influencias, para extorsionar, y vender impunidad.
De acuerdo a su dicho, el ex consejero Julio Scherer, hijo del legendario reportero creador de la revista Proceso, habría sido la cabeza de toda esa operación.
El modus operandi sería el de acercar a sus ex socios de despacho jurídico a personajes adinerados encarcelados por acusaciones de corrupción, como es el caso de Collado, y ofrecerles esas relaciones cercanas con el gobierno -y en esto consiste el tráfico de influencias-, para otorgarles un criterio de oportunidad que les permita obtener su libertad, a cambio de -y en esto consiste la extorsión- grandes sumas de dinero.
Collado es el propietario de Caja Libertad, una sociedad financiera popular, esto es, una entidad similar a un banco, pero enfocada en micro finanzas. Pues bien, para obtener el criterio de oportunidad que le devolvería su libertad, estos abogados “gestionaron” un acuerdo reparatorio con el gobierno, por 2,000 millones de pesos, y para conseguirlos, tendría que venderles Caja Libertad, a un precio irrisorio, a otros personajes cercanos a esos mismos abogados… y a Scherer. “Libertad por libertad” le habrían dicho. Negocio redondo pues, a costillas del poder.
La versión de Collado hace sentido cuando recordamos dos hechos previos significativos:
Primero, que ya antes, un abogado de nombre Paulo Díez Gargari, había denunciado la existencia de esa red de corrupción encabezada por Scherer, mediante la cual ofrecían beneficios indebidos al amparo del poder. Una de las empresas beneficiarias de este modelo, según el dicho de Díez Gargari, habría sido la polémica empresa española OHL (ahora denominada Aleatica) acusada de múltiples hechos de corrupción en México, entre los cuales está nada más y nada menos que el escándalo de la “casa blanca” de Peña Nieto.
Y segundo, y más significativo aún, es el hecho de que los mismos abogados de Collado, lo fueron también de Alonso Ancira quien, estando en la misma situación de Collado, llegó a un acuerdo de reparación del daño con el gobierno, mediante el cual pagó 216 millones de dólares por su libertad, para lo cual hubo de vender su empresa Altos Hornos de México, justamente a gente cercana a los abogados… y a Scherer. Todo parece indicar que Ancira también habría caído en el garlito.
Pero otro aspecto interesante que declara Collado, es que, dando que para obtener el criterio de oportunidad es necesario denunciar a alguien más, de mayor rango jerárquico y por delito más grave, en algún momento, estos abogados le hicieron escribir y firmar una declaración en la que imputaba a personajes de la política mexicana por supuestos hechos ocurridos hace más de veinte años. Todos esos personajes, adversarios políticos de López Obrador.
Es decir, intentaban hacer un “lozoyazo”, o sea, imputar con frivolidad a adversarios del presidente, para endulzarle los oídos, y así facilitar la obtención del beneficio del criterio de oportunidad. Sí, tal como hizo Emilio Lozoya.
Lo importante de esta arista, es el hecho de que haya personas alrededor del presidente que le tengan tomada la medida, y sepan que al darle por su lado acusando a sus adversarios, pueden obtener prácticamente lo que deseen. Tal parece que al propio presidente sus cercanos, aprovechando su candidez, también lo hacen víctima de su celada.
El otro dato interesante en todo este barullo, tiene que ver con la enigmática salida de Julio Scherer de la consejería jurídica. En su momento simplemente se le defenestró sin mayor explicación, pero en medio de rumores de que estaba siendo investigado. El presidente ha dicho que no, que su salida obedeció a diferencias con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero sucede que la secretaria ya había salido de la dependencia antes que Scherer. Sería grave que el presidente estuviera encubriendo a Scherer, o mintiendo a la opinión pública.
Como fuere, a nadie conviene que la investidura presidencial quede en entredicho. Es imperiosa una investigación que determine si existe o existió tal red de corrupción en el seno mismo de la oficina presidencial -auspiciada o no por el Ejecutivo-, para que, en su caso, se deslinden responsabilidades, y se restituya el decoro.
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