En democracia, todo mecanismo que involucre la participación directa de la ciudadanía debe ser bienvenido… siempre que el ejercicio contribuya a definiciones mayores, donde la toma de decisiones por parte de las autoridades o los marcos normativos que dan orden y sentido a la dinámica social se apeguen a la voluntad de la mayoría. Es decir, estos mecanismos se encuentran diseñados para velar por el interés superior de la pluralidad o dar cauce a la voluntad popular cuando el sistema de partidos se niega a escucharla en la resolución de temas sensibles; mas no están concebidos para salvaguardar objetivos políticos superficiales de un partido sobre el resto.
La experiencia internacional muestra el valor democrático de los mecanismos participativos si tienen razón de ser. Gracias a ellos, ciudades, estados o naciones han podido resolver controversias profundas en temas que suelen dividir a sus ciudadanos a lo largo del tiempo, como puede ser desde la regulación de drogas y la legalización del aborto, hasta reformas de gran calado a los regímenes fiscales e incluso poner a consulta la misma independencia política frente a un poder central. No sólo eso, naciones como Chile definieron en las urnas su dilema entre la continuidad de un gobierno totalitario o la transición a la democracia. Ni cómo olvidar aquel ejercicio participativo de 1988 que marcó la caída del dictador Augusto Pinochet, tras 16 años de mantenerse, a partir de las armas y la represión, en el poder.
Ése es el peso de los temas al que nos referimos cuando se tiene legitimidad probada para convocar a la ciudadanía a las urnas, fuera del calendario electoral ordinario al que obliga el marco constitucional. Por eso la consulta de revocación de mandato resulta un contrasentido a esta experiencia global, así como al contexto político y social mexicano. Resulta un contrasentido al correr una serie de inconsistencias por distintas avenidas; a continuación detallo algunas de ellas.
Primero, se podrá estar a favor o ser opositor del titular del Ejecutivo federal y de las políticas públicas que su administración impulsa, sin embargo, una abrumadora mayoría ciudadana está completamente en contra de que un presidente no concluya el periodo de gobierno para el que fue electo por la vía del sufragio. Justamente esta amplia base de consenso social ha permitido que, a partir de la transición democrática conquistada por los mexicanos en el año 2000 e incluso durante el régimen de partido dominante posrevolucionario, exista plena certeza de la estabilidad política por áspero que sea el debate público.
Segundo, el resultado de la consulta para la revocación de mandato no resolverá ninguna línea de conflicto social adicional. Al estar fuera de duda la continuidad del Presidente en su encargo y no estar atado el voto a definición alguna de política pública, lo único que puede esperarse es una mayor polarización al haber una campaña nacional que, además, se cruza con seis contiendas para renovar gubernaturas. Todo indica que, entre otros efectos como el debilitamiento de la autoridad electoral de cara al 2024, Morena busca con la consulta el distraer la profunda fragmentación que viven sus estructuras, por la inconformidad con la selección de candidaturas que ha despertado entre sus militantes y simpatizantes.
Tercero, en el contexto de una pandemia que no termina por ceder sus graves impactos negativos en la salud de la población y la economía de los hogares, es por demás inquietante que Morena y el gobierno federal insistan en destinar más de tres mil millones de pesos en desarrollar una consulta que —como ya se dijo— no lleva a lado alguno, en lugar de destinarlo a la compra de vacunas contra covid-19 para la población infantil o la reactivación económica.
Además, en la extendida crisis sanitaria, cuyo principal protocolo recomienda evitar el mayor número de interacciones personales posible, puede ser considerada una irresponsabilidad que Morena obligue al Instituto Nacional Electoral a la movilización de más de cinco mil supervisores electorales y personal técnico para visitar a doce millones de ciudadanos en todo el país, a fin de conseguir los 800 mil funcionarios de casilla que se necesitan en la instrumentación de la consulta. Ante la magnitud de los costos, riesgos y falta de materia, ¿quién quiere la consulta?
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