La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió esta semana a consulta pública —del 27 de julio al 21 de agosto— el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó la iniciativa en la conferencia matutina como un ejercicio de autorregulación: cada concesionario de radio y televisión deberá contar con un Código de Ética y designar, por cuenta propia, a una persona defensora de audiencias. El objetivo declarado es garantizar información veraz, oportuna y plural, además del derecho de réplica.
La arquitectura institucional, sin embargo, contiene una ambigüedad que merece escrutinio. Los lineamientos facultan a la autoridad para determinar, en última instancia, qué contenido se considera falso o descontextualizado. Ese es precisamente el punto donde convergen las críticas de actores con intereses distintos entre sí, lo que le da peso al cuestionamiento: no se trata solo de la oposición partidista previsible, sino de organismos técnicos y judiciales.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que representa a más de 1,200 estaciones afiliadas, calificó los lineamientos de «ambiguos» y advirtió sobre el riesgo de «regresión democrática», aunque matizó su postura reconociendo la legitimidad del mandato regulatorio de origen. Su objeción no es al principio —proteger a las audiencias—, sino al diseño: quejas potencialmente anónimas que podrían usarse como mecanismo de coerción contra periodistas, y una discrecionalidad gubernamental que erosiona la autonomía que se supone tienen las defensorías. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) fue más allá, al señalar que cualquier regulación de contenidos debe ceñirse estrictamente al artículo 6° constitucional y advertir sobre mecanismos de censura indirecta.
Desde la oposición partidista, el coordinador priista en el Senado, Manuel Añorve Baños, encuadró la medida como parte de un patrón autoritario de Morena, con capacidad de derivar en suspensiones precautorias de transmisiones. El gobierno, por su parte, insiste en que la palabra «multa» solo aparece como última instancia de un proceso que privilegia la autorregulación: es el propio medio quien nombra a su defensor, no el Estado. La propia Sheinbaum ha señalado que la intención es fortalecer el acceso a información veraz sin incurrir en censura.
Aquí es donde el debate se vuelve legítimamente complejo y no admite un veredicto fácil. Por un lado, el derecho de las audiencias tiene rango constitucional desde 2013, fue desmantelado por una reforma de 2017 que la Suprema Corte invalidó por representar un retroceso, y su reglamentación pendiente es, en efecto, una omisión legislativa histórica que alguna administración debía resolver. La demanda de un mecanismo real contra la desinformación no es una invención del oficialismo. Por otro lado, la coincidencia temporal y política —un gobierno con mayoría calificada, historial de tensión con medios críticos, y un diseño normativo que deja la definición de «verdad periodística» en manos de un órgano dependiente del Ejecutivo— alimenta una desconfianza que no puede descartarse como simple ruido opositor.
La pregunta de fondo no es si las audiencias merecen protección —lo merecen— sino quién vigila al vigilante cuando el árbitro de la veracidad informativa responde, directa o indirectamente, a la estructura de poder que gobierna. La consulta pública que corre hasta el 21 de agosto será el primer termómetro real: si el gobierno incorpora las objeciones técnicas de la CIRT y de JUFED sobre discrecionalidad y anonimato de quejas, la iniciativa podría consolidarse como un avance genuino en derechos de audiencia. Si el texto final no cambia sustancialmente, la sospecha de que se trata de una herramienta de presión disfrazada de protección ciudadana quedará, cuando menos, parcialmente confirmada por los propios hechos.
¿Puede una regulación de contenidos ser simultáneamente necesaria y peligrosa según quién la administre?
