En varios ámbitos se le pretende dar vuelta a la página, pero los riesgos derivados de la pandemia de covid-19 siguen vigentes. Apenas ayer, organismos especializados e internacionales —como la Johns Hopkins University o la Organización Mundial de la Salud— alertaron que el número de personas hasta ahora contagiadas está en el orden de los doscientos cincuenta millones, a lo que debe considerarse también una contabilidad de, cuando menos, cinco millones de lamentables fallecimientos.
Es cierto, en los últimos 20 meses mucho se ha avanzado en términos de hallazgos científicos que permitieron el desarrollo de vacunas, tratamientos médicos y protocolos sanitarios para prevenir un impacto aún mayor en la salud de las personas. Estas condiciones favorables, a pesar del surgimiento de nuevas variantes del coronavirus, la negligencia de algunos gobiernos y resistencias ideológicas por parte de un segmento importante de la población mundial, aceleraron el regreso a un creciente volumen de actividades productivas y a dinámicas sociales de normalidad relativa.
Sin embargo, a la par, debemos reconocer que la pandemia sigue generando estragos relevantes. De acuerdo con la universidad antes mencionada, de mitad de octubre a la fecha se identificaron casi 12 millones de positivos, así como 196 mil decesos alrededor del mundo. En esta espiral, Europa vuelve a atraer la atención internacional, ya que prácticamente se presenta una escalada de contagios en todo su territorio. En ella destacan los nuevos brotes registrados en Rusia, Alemania, Rumania y Reino Unido. Varias naciones reportan los contagios más elevados desde que se declarara la pandemia, en los primeros meses del año pasado, y la Organización Mundial de la Salud ha sido clara en señalar que la región europea podría alcanzar hasta 500 mil muertes en los siguientes tres meses. De ahí que declare a Europa en “punto crítico”, con hospitalizaciones que se duplicaron tan sólo en los últimos siete días.
Y es aquí donde la principal causa de esta crecida en contagios debe despertar la conciencia en México: el regreso de Europa a ser el epicentro de la pandemia es debido a los bajos niveles de vacunación. Distintas fuentes abiertas, entre ellas la reconocida BBC, refieren que Rusia apenas registra al 32% de su población inoculada, mientras que la vacunación en Francia y Alemania alcanza el 67%, en promedio, de sus nacionales.
Las ventajas sociales de conseguir la más amplia vacunación se comprueban, además, en naciones como la India, la cual consiguió contener los graves impactos en enfermedad y mortandad de sus habitantes, con una campaña verdaderamente masiva de vacunación, que aplicó hasta nueve millones de dosis en un solo día, alcanzando las 555 millones de aplicaciones en unos cuantos meses.
En el mismo contexto se entiende el esfuerzo decidido del gobierno del presidente estadunidense, Joe Biden, por no sólo continuar la inoculación ahora entre menores de edad, sino por lograr hacer la vacuna obligatoria para colaboradores de empresas con una plantilla de cien trabajadores o más. Esto último frente a indicadores que muestran resistencia de ciertos segmentos de estadunidenses adversos a acudir a una farmacia o centro hospitalario para recibir la vacuna, lo cual incrementa los riesgos de salud pública como los expuestos en Europa.
Por todo lo anterior, resulta desconcertante que nuestras autoridades epidemiológicas federales celebren el fin de la campaña de vacunación —como fue reportado por medios nacionales—, cuando no todo este segmento poblacional en México ha completado su cuadro de vacunas en forma debida; cuando a varios miles les fueron suministradas una serie de vacunas que siguen sin ser autorizadas como válidas por instancias internacionales con alto rigor técnico; o cuando carecemos del plan más elemental para garantizar el acceso a la vacuna a niñas, niños y jóvenes de todo el país.
Resulta lamentable que, en una decisión contraria a las mejores prácticas internacionales, la Secretaría de Salud haya impugnado la resolución emitida por un juez federal que le obliga a suministrar la vacuna a todos los jóvenes de entre 12 y 17 años, al margen de si presentan comorbilidades o no, según trascendió en medios. Con esa actitud, lo único que cabe preguntarse es si estamos dispuestos a celebrar una política pública de brazos caídos, que puede conducirnos de nueva cuenta al dolor y la pérdida de más de los nuestros.
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