Por: Rafael Morgan
En varias ocasiones se ha hecho referencia a la buena práctica administrativa en las empresas sobre identificar y evaluar los riesgos que, de presentarse, limitan o impidan alcanzar sus objetivos de negocios, práctica que también se debe llevar a cabo en la administración pública con mayor urgencia, dado que los objetivos de un buen gobierno se refieren al bien común, al bien de la sociedad, su presente y su futuro.
Como se expone en el texto “Control Interno y Gestión Gubernamental” de la Academia Universitaria de Fiscalización de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM, “La Administración Pública debe disponer de mecanismos eficientes para identificar y afrontar los riesgos internos y externos asociados a sus objetivos, incluyendo los cambios tecnológicos, la innovación…” el estado de derecho, la corrupción, la ineficiencia, los fenómenos naturales, los cambios internacionales, etc., esto es, “integrar el Modelo de Administración de Riesgos (MAR)”.
Pareciera que los temas de “buen gobierno”, sobre todo en cuanto a la cultura de la legalidad, la cultura del orden, la simplificación normativa y de trámites, así como la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, como que están “fuera de foco” en el gobierno federal actual, en el que más bien se actúa a capricho del Presidente, máxime que éste tiene, usa y abusa de un poder casi total, con un Poder Legislativo a su disposición, un Poder Judicial con varios integrantes afines designados por el Presidente y el resto con amenazas fiscales y administrativas, así como un “sistema” institucional ciudadano mermado, con integrantes denostados y amenazados, con un “control ciudadano” basado en un generoso y creciente reparto de recursos y ahora reforzado con la distribución de las vacunas contra el Covid-19.
Sin embargo, es necesario insistir en lo que se debe hacer o se estaba haciendo bien para tener un buen gobierno, ordenado, respetuoso de la ley, de las instituciones y del pueblo en general.
Urge pues contar con un modelo de Administración de Riesgos.
1. Como primera prueba se tiene la gran cantidad de incendios que ha estado sufriendo el país en sus bosques y praderas. Se llegaron a tener 85 incendios forestales activos en 27 estados; en la sierra de Santiago, N.L. se afectaron más de 8,500 has. Según la Conafor, entre el primero de enero y el 11 de marzo de este año se registraron en el país 1,684 incendios forestales, afectando 29,559 has.; son los peores incendios en 10 años, ya sea por sequía o por descuido humano; con la austeridad la Conafor se quedó sin recursos ni personal y le pasó el paquete a los estados que tampoco tienen equipo ni personal capacitado. Urge un programa de previsión y control de incendios.
2. Como el gobierno actual sigue teniendo a Pemex como empresa “pivote” para el desarrollo económico y el garante del “orgullo nacional”, ahí precisamente es necesarísimo un plan de previsión de riesgos:
– Lo que pudiera pasar con incendios todavía mayores que el registrado en días pasados en Minatitlán, el cual tendrá detenida la planta entre tres y seis meses.
– No se cuenta con reservas de gasolina para el caso de un trastorno en las importaciones y en la producción nacional. Se habla de que el nivel de reservas alcanzaría sólo para tres días. El mínimo necesario debería ser para 10 días, en silos, cavernas, tanques, etc. No se cuenta ni con el producto ni con el equipo.
– Lo mismo pasa con el gas cuyo problema se presentó con las nevadas en Tejas. Ya se había pensado en habilitar cavernas selladas para almacenar gas, pero se olvidó el asunto.
– Se tiene el problema del “huachicol” de petróleo, gasolinas y gas con la perforación de los ductos, problema al que no se le ve solución porque ha faltado decisión del gobierno y de las fuerzas armadas de castigar “de a deveras” a delincuentes y pobladores.
3. Un caso de falta de previsión en la identificación y administración de riesgos, se tuvo y se tiene en el sector salud con la compra, distribución y disposición de las medicinas, pues con la decisión de cortar de tajo el sistema existente, por motivos de corrupción, se destruyó toda la estructura que funcionaba tal vez al 80% de efectividad, pero el sector se quedó sin medicamentos contra el cáncer, la diabetes, las vacunas típicas, el material de curación y otras. Finalmente se ha tenido que restituir parte del procedimiento anterior y con las mismas farmacéuticas atacadas.
Pero existen muchos riesgos más que un buen gobierno debiera prever y atender.
There is no ads to display, Please add some
