Al presidente Andrés Manuel López Obrador no puede regateársele el reconocimiento de su liderazgo social ni de su convicción de reivindicar a los excluidos y vulnerables, pero pasar de las intenciones a los resultados requiere necesariamente de una gestión de gobierno, requiere de políticas bien pensadas y bien ejecutadas para hacer crecer la economía, y hacer decrecer la inseguridad; para detonar inversiones que generen más empleos y mejor pagados; para el desarrollo de políticas sociales que, más que dádivas, realmente saquen permanentemente a las personas de la pobreza; para contar con servicios públicos de calidad y para ser cada vez más una sociedad más civilizada, sin exclusión, discriminación, intolerancia ni violencia. Eso sí que sería una verdadera transformación.
Sin embargo, no sólo no hemos visto una transformación en el sentido positivo, sino una regresión en prácticamente todos los asuntos de la agenda pública: en la economía, la pobreza, la inseguridad, el combate a la corrupción, el cuidado del medio ambiente, los servicios públicos de salud y la calidad de la democracia. Y si bien en todos los temas de política pública el daño no es menor, el deterioro de las instituciones democráticas es mucho más grave y peligroso.
La democracia y las instituciones que la sostienen son la estructura sobre la cual yacen los acuerdos fundamentales de nuestra vida en comunidad como la conocemos hoy día. Las y los mexicanos dejamos atrás el modelo de partido hegemónico de Estado —el viejo PRI, que concentraba el poder— y pasamos a un modelo plural de distribución del poder, cuya disputa es arbitrada cada tres y seis años por el INE.
La pregunta es si la mayoría que votó hace tres años por Morena tenía en la mente el volver a ese modelo de concentración ilimitado de poder en una sola persona y si hoy día, la mayoría lo queremos, porque desde hace tres años hemos visto desde Palacio Nacional un intento permanente de debilitar a toda persona o institución que, ya sea por diseño o por convicción, disienten, supervisan, exponen o son un contrapeso al poder presidencial.
El ataque del presidente López Obrador al periodista Carlos Loret al exponer sus supuestos ingresos no es más que otra alarma de las muchas que se han ido documentando por centros de pensamiento, organizaciones y prensa, tanto nacionales como internacionales.
El Democracy Index 2021 de la revista The Economist, que ha degradado a México de un régimen democrático con defectos o fallas a un régimen híbrido caracterizado por debilidades en la cultura, la participación política y el funcionamiento del gobierno, así como por una sociedad civil débil, una corrupción generalizada, presión sobre los periodistas y un Poder Judicial sin independencia, señala que el Presidente de México ha continuado sus esfuerzos por concentrar poder y se ha referido a sus constantes intentos por debilitar el órgano electoral y a los ataques a los medios por su cada vez mayor intolerancia a la crítica.
Asimismo, el Informe Mundial 2022 de la organización Human Rights Watch dice que “en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó sus ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, así como sus esfuerzos por eliminar organismos públicos independientes que limitan su poder y por cooptar el sistema judicial para perseguir a enemigos políticos. En noviembre, decretó que los proyectos prioritarios de su gobierno reciban permisos automáticamente, sin cumplir con los estudios requeridos, y que sean exentos de las reglas de transparencia”.
El deterioro de la democracia en México no es una mentira del conservadurismo internacional, sino una lamentable realidad que nos debe llamar más que a la preocupación, a la conciencia, a la participación y a la acción cívica.
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